Los puertos de Diamante y de Santa Fe se unieron para reclamar

Tras conocerse la semana pasada que los estudios preliminares para el contrato de licitación por el que se pretende adjudicar los trabajos de mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, dejarían afuera la profundización y mantenimiento de los canales de acceso a los puertos de Diamante y de Santa Fe, las autoridades portuarias de ambas provincias elevaron sus reclamos.

El tema es de absoluta relevancia teniendo en cuenta que los puertos son un pilar para el desarrollo productivo de las dos provincias. El río Paraná es el sistema de navegación por donde salen las principales exportaciones agrícolas de la Argentina y el corredor de ingreso y egreso para la actividad económica de amplias regiones de Paraguay, Brasil y Bolivia.

El 3 de diciembre el Gobierno Nacional dio a conocer los pliegos preliminares para contratar un nuevo concesionario del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, en vistas al vencimiento del contrato actual que finalizará en abril de 2021, y que en la actualidad está en manos de Hidrovía SA, un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.

El pliego elaborado por el Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich, no contempla las necesidades que oportunamente hicieron manifiestas Entre Ríos y Santa Fe en reuniones con funcionarios nacionales y en los distintos foros organizados por el Consejo Federal Portuario, entre otros.

En concreto, las provincias reclamaban su participación en la elaboración preliminar de los pliegos de bases y condiciones del contrato de concesión, y solicitaban una definición clara en lo que respecta a las posibilidades de profundización, con sus distintas alternativas medioambientales, desde una perspectiva o dimensión amplia e integradora sobre la totalidad de la vía fluvial.

Del mismo modo, requerían incluir la situación de los accesos a los puertos públicos con respecto al costo de sus dragados y balizamiento -un planteo histórico de Entre Ríos y Santa Fe-, que resultó desatendido en el estudio presentado recientemente.

Asimismo, demandaron la necesidad de que la concesión se extienda hasta Confluencia (km 1238), un hito necesario para el desarrollo federal e integrado del país. Esta petición no se incluyó en los pliegos preliminares, así como tampoco se definió la conformación de un Organo de Control con participación de las provincias y de diversos actores de la comunidad portuaria.

Otros temas que ambos puertos presentan con disidencia son la falta de profundización del dragado hasta el Puerto de Santa Fe, aumentando la asimetría con los puertos del sur. También muestran desacuerdo en el aumento de las tarifas de cabotaje, actividad esencial para el desarrollo regional y fundamental para la generación de arenas necesarias para explotación de Vaca Muerta.

Por último, sostienen que el proyecto base y preliminar expuesto por la UPE carece de una mirada federal y afecta no sólo la generación de servicios y competitividad de las terminales portuarias, sino también la navegación por donde circula el 82% de las exportaciones de granos, harinas y aceites del país.