Ley de alquileres: el sector inmobiliario defiende cambios

El Gobierno impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la Ley Nº 27.551, llamada ley de alquileres, que entró en vigencia el 1° julio de 2020 con fuertes cuestionamientos del sector inmobiliario y un marcado desconcierto de numerosos inquilinos ante las reglas que impuso esta norma.

Entre los principales cambios que trajo esta iniciativa, hay dos que los corredores públicos inmobiliarios del país están pidiendo que se vuelvan a modificar para crear “certezas” en el mercado locativo: uno de ellos es el tiempo de duración del contrato de alquiler, que hoy es por tres años y quieren que se extienda otra vez por 24 meses; y el otro es la forma en que se actualiza el valor de locación: desde hace casi 17 meses se rige por el Índice para Contratos de Locación (ICL), una fórmula “que pondera en partes iguales las variaciones mensuales de precios al consumidor y de salarios promedio”, según se explica en el sitio www.argentina.gob.ar, que se actualiza a diario y hoy supera el 50% para los locatarios que tienen que deben pagar un aumento al cumplirse cada año del contrato.

Ley de alquileres, una norma que es fuertemente cuestionada.

Mateo Oviedo / UNO

En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la nación, Sergio Massa, expresó esta semana: “En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.

Tras sus declaraciones, asegurando que esta ley de alquileres “fracasó”, hubo numerosas repercusiones. Entre ellas, el presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Walter Govone, sostuvo que “hoy la incertidumbre del inquilino es saber cuánto va a pagar el segundo año de locación en base al índice que promulgó la nueva Ley de Alquileres”. En tanto, José María Armándola, vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER), manifestó: “Nosotros no queremos la derogación de la ley, sino solamente la reforma de dos artículos: que el contrato de tres vuelva a ser de dos años, ya que es un pedido de los inquilinos; y que el ajuste se haga como antes, a través de un acuerdo entre las partes, ya que era más beneficioso para el inquilino y traía mayor confianza en el propietario. Hoy con el índice de ajuste que establece la ley está arriba del 50% y un aumento de golpe en de este porcentaje afecta el presupuesto de cualquier persona que alquila”.

“A todo esto se lo explicamos en su momento a (Daniel) Lipovetzky”, aseguró, en referencia al diputado nacional (hoy con mandato cumplido) que impulsó la actual Ley de Alquileres, quien asumió que “la ley que salió no es la mejor posible, sino la mejor para ese momento” y atribuyó su “fracaso” a la “altísima inflación”, que impacta en el precio de las rentas.

Alquileres para etsudiantes tienen frenada su demanda.

“La ley es nacional y la respetamos, pero solicitamos que se modifiquen estos puntos, porque la verdad es que están repercutiendo muy mal en la oferta y la demanda, perjudicando a ambas partes, al inquilino y al propietario”, afirmó Armándola, quien recordó que desde CCPIER impulsaron la creación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), que nuclea a los colegios del sector de todo el país, institución a través de las cual lograron mantener reuniones con dirigentes políticos nacionales durante la campaña previa a las elecciones del 14 para plantearles estas inquietudes; una de ellas fue María Eugenia Vidal, quien se comprometió a tratar el tema cuando asuma su banca como diputada nacional a partir de diciembre. “Desde Cofeci advertimos antes de que se aprobara que esta ley iba a ser un desastre. Lipovetzky reconoció que se equivocó, pero nuestra respuesta es que ese aprendizaje a nosotros, los ciudadanos comunes, nos sale demasiado caro”, dijo Armándola.

Con respecto a la advertencia de Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) acerca de que “a raíz de la aplicación de la Ley de Alquileres un alto porcentaje de las propiedades en alquiler se retiraron del mercado”, el vicepresidente de CCPIER sostuvo que en Paraná se notó esta realidad, aunque aclaró: “No fue en la misma proporción que en Buenos Aires, pero la desconfianza que generó esta ley hizo que muchas propiedades hayan pasado de alquiler a ventas. Y lo que vemos, además, es que al durar tres años los contratos en el mercado inmobiliario se reduce la oferta un 50%, que no es poco”. En este sentido, analizó: “A nivel local la oferta de alquileres está muy reducida, ha disminuido de manera importante y no es que alquilemos mucho, sino que tenemos pocos inmuebles disponibles para este fin. Esto lleva a que hoy tengamos listas de espera de pedidos”.

Acto seguido, aseguró: “También, por el retiro de propiedades en alquiler para ponerlas en venta debido a que los propietarios confían en esta ley, genera que haya una sobreoferta de casas a la venta ante una demanda que es escasa. Eso ha perjudicado los valores de los inmuebles y provoca una doble complicación: en el mercado de las locaciones y el de las ventas”.

Freno a la construcción

Armándola observó que al verse afectado el mercado inmobiliario actual por la ley de alquileres que está vigente, repercutió de manera negativa en la construcción: “En Argentina y Latinoamérica la gente trata de destinar su ahorro al ladrillo, porque suele ser una inversión segura cuando la moneda pierde el valor de respaldo y usualmente da una renta. Si bien no ha desaparecido este interés con las condiciones actuales, ha bajado mucho. En la medida que los legisladores muestren un poco más de cordura y de sapiencia en la manera de legislar, creo que esto se puede recuperar perfectamente”, concluyó.