Las pensiones por discapacidad continúan por debajo de la inflación y peligran más de 140.000 beneficiarios

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el aumento del 1,8% de las prestaciones para personas con discapacidad, en una resolución firmada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y Diego Spagnuolo, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Una organización asegura que "es muy difícil" el diálogo y reclama un incremento "inmediato" del 38%.

La pensión corresponde al 70% de la jubilación mínima nacional ($225.454,42), por lo que una prestación por discapacidad llega hoy a los $160.658,52. El incremento se aplicará a unas 50.164 personas con certificado que viven en Entre Ríos, cerca del 3% de la población provincial

Las prestaciones llevan meses sin lograr, al menos, equiparar el ritmo de la inflación. Si se toman los últimos tres períodos, la suba de precios alcanzó el 4% en junio y el 4,6% en julio (8,6% en total), según datos del Indec. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central adelantó que la inflación llegaría al 3,8% en agosto, por lo que una pensión por discapacidad quedó 4,6% por debajo del índice inflacionario argentino en este trimestre, teniendo en cuenta el incremento decretado este miércoles y los de junio y julio (3% cada mes).

"Es muy difícil dialogar con el Gobierno nacional"

UNO se comunicó con el padre Pablo Molero, responsable de la Comisión para las personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y titular del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reúne a unas 12 asociaciones, organismos e instituciones.

"Las instituciones están con atrasos porque el mayor problema es la diferencia entre el arancel que se cobra y la inflación, un problema que viene desde el año pasado", explicó y detalló que para "estar más o menos cercanos a los costos, se necesita un aumento inmediato del 39%". Molero señaló que si bien hubo cierres de algunas entidades, la crisis "no se nota porque van buscando otros financiamientos: algunas no pagan impuestos esperando alguna moratoria el día de mañana, otras están sacando un préstamo y van tirando".

En cuanto al trabajo con el Gobierno nacional, el titular del Foro contó que mantuvieron una reunión en enero pasado, donde las autoridades "prometieron recuperar los montos para mayo pero no se dio. Al contrario, no hay una actitud proactiva en cuanto a políticas de discapacidad. El diálogo es respetuoso pero la postura hacia nuestros planteos es que llevamos posturas políticas y no de la discapacidad, que es contra ellos, y así es muy difícil dialogar", remarcó.

Por último, Molero afirmó que "nunca hubo una política fuerte para lograr el cupo laboral del 4%" en la planta estatal, pero reconoció que "en el gobierno de Cristina Kirchner hubo una búsqueda de cubrir necesidades básicas a quienes vivían en situación de pobreza, e incorporar personas con discapacidad a la planta del Estado".

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Foto: Ilustrativa

Posible recorte en las prestaciones

Por otra parte, el presidente, Javier Milei, ordenó avanzar en una auditoría masiva de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, en alrededor de 400.000 personas. Según la ANDIS, la quita podría alcanzar a unas 150.000 personas. El 87,4% de la población con discapacidad no trabaja, según el censo del 2022, por lo que tienen la pensión como único ingreso. Cabe recordar que este ingreso está destinado a personas que no pueden trabajar y carecen de otras entradas, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social. Asimismo, es incompatible con otros beneficios del Estado.

La decisión se sostiene -según el Gobierno nacional- en que existieron irregularidades en el otorgamiento de las pensiones durante los años anteriores: certificados médicos falsos, la misma radiografía o estudio en varios expedientes, y casos en los que la persona no cumplía con las condiciones médicas de invalidez laboral.

Según el último Registro Nacional de personas con discapacidad, realizado en noviembre 2023, unas 1.680.723 personas poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el 3,65% de la población nacional. De ese total, el 54,7% tienen entre 15 a 64 años, un 22,7% hasta 14 años de edad, y el 22,6% restante tiene más de 65 años; mientras que el 55,8% son hombres y el 44,2% mujeres, pero más de 200 personas se expresaron como "transexual, no binario u otro género".

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Entre Ríos y una ley de 2008 sin reglamentar

La Legisltura de Entre Ríos sancionó en 2008 la Ley 9.891, pero aún espera ser promulgada. La norma establece un sistema provincial de protección y promoción integral a las personas con discapacidad, para lograr "la integración social y desarrollo personal, la equiparación de accesibilidad y oportunidades, y el mejoramiento de su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades". Además, asegura que el Estado Provincial brinde programas específicos de rehabilitación, seguridad social, escolarización, capacitación laboral, créditos o subsidios, ayudas por desempleo, y destina a personas con discapacidad el 5% de las viviendas construidas por el Estado.

El titular del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi), Diego Vélez, afirmó que esperan lograr la reglamentación para la Red de Empresas Inclusivas, una feria de empleo para personas con discapacidad que se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, los próximos 21 y 22 de noviembre de este año. "Venimos trabajando además entre los ministerios de Gobierno y Trabajo y Desarrollo Humano para saber concretamente cuántas personas con discapacidad hay trabajando en el Estado actualmente", indicó el funcionario, y remarcó que el porcentaje laboral exigido por la normativa es del 4% sobre el total de la masa salarial.