El exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, volverá al banquillo de los acusados en el marco de una causa por amenazas. Se trata del proceso judicial que se inició a raíz de una denuncia que en abril de 2018 realizó la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez. En el mismo legajo además se tramita la denuncia formulada contra Allende por el periodista Martín Carboni. En una nueva etapa de este debate, el juez Elvio Garzón presidirá el jueves a las 9, una audiencia de juicio abreviado, en la cual cada una de las partes fundamentará su posición en relación a los hechos que se investigan. Por un lado, la abogada que representa a Velázquez adelantó que se opondrán a que el proceso se resuelva mediante de un abreviado, y cuestionó el acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y los defensores del imputado. “La víctima no participó en absoluto en la confección de ese acuerdo. No tuvieron en cuenta que nuestra parte ya es querellante y no solamente era víctima. La situación es diferente en relación a octubre, porque Sonia -en alusión a la ministra- no era querellante en la causa; hoy sí”, afirmó la letrada María Fernanda Vázquez Pinasco.
La querella rechaza el abreviado por amenazas contra Allende
UNO/Diego Arias.
La querella cuestiona el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.
La querella, en representación de la titular de Salud, plantea que dicho acuerdo contempla una calificación legal que no se condice con los hechos que se le atribuyen al dirigente sindical. “La calificación es por amenazas simples, nosotras vamos -la calificación de coacción agravada por coacción agravada, donde en abstracto la pena va de 5 a 10 de prisión, por las características que se dan en el tipo subjetivo del agravante. El agravante se da porque quien ejerce las amenazas es un funcionario público", argumentó la profesional en diálogo con UNO.
Consultada por los hechos que dieron origen a la investigación y la posterior imputación a Allende, la letrada recordó que en abril de 2018 el entonces legislador le dijo a Velázquez “que la iba a prender fuego en Nogoyá, sino dejaba de jorobar con una empleada del ministerio de Salud. El otro hecho ocurrió en el despacho de Sonia en horas de la noche en Casa de Gobierno”.
La estrategia de la defensa
Uno de los abogados del acusado, Marcos Rodríguez Allende, consideró que la oposición de la querella “no siempre es vinculante, sólo se tiene en cuenta formalmente. El Código Procesal Penal no dice nada respecto a las oposiciones”.
En esa línea precisó que el convenio que se presentó por escrito “habla que José Allende se hace cargo de los tres delitos imputados, la amenaza a Carboni, la amenza a la ministra y el delito de Enriquecimiento Ilícito. De esos delitos donde él se responsabiliza se firmó una pena de 2 años y 8 meses de prisión”.
