Un proyecto de ley presentado este jueves en la Cámara de Diputados de Entre Ríos establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública con el objetivo de "concientizar y sensibilizar sobre las distintas prácticas discriminatorias, promover la igualdad en la diversidad, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, promocionar los derechos de las personas y prevenir la discriminación".
Proponen que haya capacitación obligatoria en el Estado contra la discriminación
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial ordena la capacitación a todo el personal del Estado entrerriano contra todo tipo de discriminación.
1 de julio 2023 · 20:14hs
El INADI Entre Ríos será parte de la Autoridad de Aplicación.
La iniciativa incluye a personal de "todos sus niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empresas públicas y mixtas, entes descentralizados y ámbito educativo de la Provincia de Entre Ríos".
Como definición de "práctica social discriminatoria" plantea la creación o difusión de estereotipos de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias; y el "hostigamiento, maltrato, aislamiento, agresión, segregación, exclusión y/o marginación a cualquier miembro de un grupo humano, del tipo que fuere, por su carácter de miembro de dicho grupo".
El proyecto al que accedió UNO también considera discriminación a "cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos, o en la prestación de servicios sanitarios y/o educativos".
La autoridad de aplicación propuesta es el Área Provincial de Identidad de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y de Justicia de la Provincia, en coordinación con la delegación Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
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Estas autoridades tendrán que fijar los lineamientos generales de las capacitaciones. Deberán contemplar como mínimo contenidos como:
- Discriminación, actos u omisiones discriminatorias
- Marco jurídico nacional y provincial
- Bases igualitarias de derechos y garantías
- Diversidad sexual
- Introducción a la temática del racismo y la xenofobia
- Discriminación hacia las mujeres
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El gobierno provincial y el INADI deberán además asesorar a municipalidades, entidades intermedias, asociaciones civiles y medios de comunicación que quieran implementar las capacitaciones a su personal. Organizaciones sindicales y clubes también podrán celebrar acuerdos para llevar a cabo la capacitación. El CGE se ocupará de capacitar específicamente a docentes de toda la provincia.
Por otro lado, la ley manda que se conforme un "Consejo Consultivo Asesor Honorario", constituido por dos diputados de la Provincia (uno por la mayoría y otro por la primera minoría); dos representantes de universidades (uno de UNER y uno de UADER); y representantes de ONGs reconocidas en la temática.
Los encuentros del Consejo serán públicos y abiertos. ¿Qué harán los asesores? Proponer estrategias para las capacitaciones, materiales de difusión y aconsejar para la elaboración de un informe semestral sobre el avance de las capacitaciones, que comenzarán dentro del año de entrada en vigencia de la ley.
Entre Ríos, tercera con más discriminación
Entre sus fundamentos, el proyecto de ley menciona el Mapa de prácticas discriminatorias que elabora el INADI, que ubica a Entre Ríos tercera entre las provincias con mayor porcentaje de personas que experimentaron discriminación, sólo detrás de Tierra del Fuego y Salta. En nuestra provincia el 83% de la población sufrió o fue testigo de alguna práctica discriminatoria.
Los principales tipos de discriminación experimentados en Entre Ríos fueron a la apariencia y aspecto corporal (rasgos estéticos y personas gordas, acentuadas sobre todo en mujeres), seguidos de cuestiones como pobreza, discapacidad y orientación sexual.
Los principales ámbitos en los que esas experiencias tuvieron lugar, según relataron las personas encuestadas, fueron el educativo, la vía pública y el laboral, este último con una fuerte presencia de casos de discriminación por género.
El proyecto de ley es autoría del diputado peronista Néstor Loggio.
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