Piden que se implemente la prohibición de la tracción a sangre en Paraná

Este miércoles trascendió en Paraná la noticia de que una yegua, que tiraba de un carro, se desplomó en plena vía pública. Pese a los esfuerzos de profesionales veterinarios, el mal estado del animal era irreversible y debió ser sacrificada. A raíz de la trágica situación se retomó el debate en torno a la tracción a sangre y la realidad que viven las ONG dedicadas a rescatar caballos, quienes piden que la ordenanza que prohíbe la actividad se implemente.

"Llega un momento en que todos nos cansamos de la situación", dijo a La Mañana de La Red (88.7) Celeste Giorgio, voluntaria de la fundación Mi Reino Por un Caballo, que se ocupó de atender a la yegua, "no vemos a futuro una solución posible y es bastante desesperante". En este sentido, la voluntaria recordó el programa municipal 'Recuperadores de Derechos' que, hace varios años, entregó motocarros a cambio de que las familias dieran un caballo. Ante esto, Celeste indicó: "Todavía funcionan algunos de estos vehículos, pero hubo casos donde se rompían, los repuestos son carísimos y las familias tienen dificultades para arreglarlos. Muchas han quedado tiradas en los barrios".

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Peligros. Además de la explotación animal, buscan disminuir los riesgos en el tránsito.

No obstante, observó: "En comparación a la cantidad de caballos que hay en tracción a sangre con los motocarros entregados en Paraná, es nada más tapar un agujerito. Necesitamos que el Municipio haga un nuevo censo para saber con cuántos caballos contamos en Paraná para la tracción a sangre y así plantear una solución. Sin una cifra, es imposible". Al ser consultada por el último censo de este tipo, informó que fue entre 2014 y 2015 e indicó: "Hacía diez años habían entre 500.000 y 600.000 caballos, una cifra que es una locura. En los barrios más vulnerables, por lo general, hay entre tres o cuatro caballos por familia. El programa estaba mal implementado, porque se deben entregar la totalidad de animales para erradicar la tracción a sangre".

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En otra línea, explicó que en la fundación Mi Reino por un Caballo se reciben animales sin importar su origen, donde son atendidos por veterinarios y, una vez recuperados, son puestos en adopción. "Solicitamos que los adoptantes cumplan cierto requisitos, como espacio para el animal y que tengan recursos para atenderlo en lo que se necesite. Se entregan sólo a particulares que estén interesados en adoptar caballos, no para trabajar", subrayó Celeste.

Asimismo comentó que la cantidad de caballos que reciben depende de la época del año pero, tras la situación con la yegua de este miércoles, el municipio secuestró entre tres y cuatro ejemplares esta semana, pero advirtió: "Tenemos un espacio limitado donde sólo podemos recibir cierta cantidad de animales" y consideró la necesidad de que se tomen acciones desde el Municipio para erradicar la actividad: "Estamos limitados de recursos económicos, humanos y de espacio. Necesitamos que la Ordenanza N° 9.537, que prohíbe la tracción a sangre, se implemente. Pero también necesitamos recursos, de lo contrario las ONG nos venimos abajo".

Sobre la Ordenanza N° 9.537

La Ordenanza de Erradicación de la Tracción a Sangre en la ciudad de Paraná fue sancionada el 1° de diciembre de 2017, pero nunca se implementó totalmente en la capital entrerriana. La iniciativa, que fue impulsada por la entonces concejal Claudia Acevedo, prohíbe la circulación de cualquier medio de transporte cuya tracción verse sobre la fuerza de un animal en el ejido de la ciudad de Paraná.

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Foto: Prensa Concejo Deliberante

Según el documento de la ordenanza, a la que accedió UNO, la prohibición debía ser progresiva desde el microcentro hacia los barrios y zonas aledañas hasta alcanzar todo el ejido urbano municipal, quedando finalmente prohibida en su totalidad a los 360 días de reglamentada la normativa. Asimismo se establecía que la violación a la ley se penaría con el secuestro del animal, así como el decomiso del medio de transporte. Por otro lado, se establecían operativos por parte de la autoridad de aplicación que informe y adviertan de la prohibición de la tracción a sangre y aplicando las sanciones correspondientes.