Ofrecen $12 millones de recompensa por datos sobre la familia Gill

El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a $12 millones el monto de la recompensa para tratar de conocer datos o información sobre el paradero de la familia Gill, desaparecida de un establecimiento rural de Crucesitas Séptima, departamento Nogoyá, en 2002.

El matrimonio integrado por Rubén José Gill, de 54 años, y Margarita Norma Gallegos, de 25, fue visto por última vez el domingo 13 de enero de 2002 en Viale, a 50 kilómetros de Paraná, junto a sus hijos María Ofelia, de 11 años; José Osvaldo, de 9; Sofía Mercedes, de 7; y Carlos Daniel, de 3. Según se desprende de algunos testimonios de la causa, habían asistido a un funeral en dicha localidad del departamento Paraná.

Los Gill trabajaban en el campo La Candelaria, de Alfonso Goette, quien falleció en 2016 en un accidente automovilístico. En medio de todos estos años, hubo excavaciones y rastrillajes en los campos de la estancia, pero nunca hubo resultados positivos ni avances significativos.

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El juez de Garantías y Transición de Nogoyá, Gustavo Acosta, tiene desde 2015 la causa por “averiguación de paradero”. Desde entonces, se ha entrevistado de forma formal e informal con varias personas para tratar de dar con un dato que eche luz sobre el caso, pero ninguno ha tenido el peso que esperaba. Por caso, un hombre aseguró haber visto a Mencho Gill cavando un pozo en el campo, antes de su desaparición. Por ello, se dispusieron una serie de excavaciones pero no hallaron restos humanos, sólo huesos de animales.

En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó junto al Gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque con resultados negativos.

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En la historia de la causa hay algunas cuestiones insólitas, como que lo primero que hizo la Policía cuando llegó al campo para una inspección -el 27 de mayo de 2002- fue comer una vaquilla, que hizo carnear para la ocasión el dueño de la estancia. También se recuerda que el primer juez que tuvo la causa, Sebastián Gallino, demoró 18 meses en ordenar el primer allanamiento. Recién el 10 de julio de 2003 se hizo una rastrillaje del que no participó ni el juez ni la fiscal a cargo de la causa de desaparición, hasta hoy, más importante de la provincia de Entre Ríos por cantidad de personas buscadas.