En la Cámara de Diputados de Entre Ríos ingresó un pedido de informes para saber si el Gobierno provincial cuenta con un relevamiento de entidades vinculadas a discapacidad que hayan sido cerradas o cuyas actividades se hayan visto alteradas por el ajuste del Gobierno nacional, en el marco de un cese de prestaciones en todo el país. En tanto se pidió la aplicación de la Emergencia votada y ratificada en el Congreso y una actualización del nomenclador del sector.
Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades
Ingresó pedido de informes para saber si hay entidades vinculadas a discapacidad cuyas actividades se hayan visto alteradas por el ajuste del Gobierno nacional
26 de marzo 2026 · 11:27hs
Ingresó pedido de informes para saber si hay entidades vinculadas a discapacidad cuyas actividades se hayan visto alteradas por el ajuste del Gobierno nacional
Foto gentileza Verónica Manfredi
En el pedido, cuya autora es Mariel Ávila, busca saber qué medidas se han adoptado para prevenir cierres, qué dispositivos están activos y si existe algún tipo de protocolo en el caso de que una entidad deba dar por terminada sus actividades. Además, qué previsiones presupuestarias, subsidios, programas de sostenimiento o instrumentos financieros se han dispuesto y qué intervenciones se prevé realizar ante organismos nacionales, publica Bicameral.
"Se impulsa el presente pedido de informes ante una situación que, por su gravedad y por sus posibles consecuencias sociales, exige una respuesta clara y urgente del Estado provincial. En las últimas semanas se han producido en Entre Ríos cierres y anuncios de cierre de instituciones especializadas en discapacidad con muchos años de existencia y servicio, entre ellas una importante institución de la ciudad de Colón, al tiempo que se han multiplicado las advertencias sobre el serio riesgo de discontinuidad de prestaciones esenciales para personas con discapacidad en distintos puntos del territorio provincial", indicó Ávila en sus fundamentos. Y agregó: "No se trata de episodios aislados ni de una mera dificultad administrativa: se trata de un cuadro que puede comprometer de manera directa el goce efectivo de derechos fundamentales de una población especialmente protegida por el orden jurídico argentino y provincial".
En otro orden, la legisladora apuntó que "no puede perderse de vista que los derechos de las personas con discapacidad no se agotan en el reconocimiento formal". Explicó a continuación: "El acceso efectivo a la salud, a la rehabilitación, a la educación, al transporte, al trabajo, a los espacios de cuidado y a la participación en la vida social requiere una red institucional concreta y sostenida en el tiempo. Cuando esa red se debilita, se resiente la ciudadanía material de quienes dependen de ella para desarrollar su proyecto de vida en condiciones de dignidad".
Para finalizar, la diputada observó que la problemática planteada "interpela de manera directa el modelo de sociedad que se pretende construir en Entre Ríos". Y cerró: "Una provincia que aspire a ser más justa e inclusiva no puede admitir que las personas con discapacidad queden expuestas a la pérdida de servicios esenciales por falta de previsión, desarticulación institucional o insuficiencia de respuesta estatal. Garantizar que una persona pueda sostener su escolaridad, acceder a tratamientos, trasladarse, participar de la vida social y desarrollar su autonomía no supone conceder privilegios: supone garantizar ciudadanía".
Cambios en Nación
La integración de trámites administrativos vinculados a la salud y la discapacidad en Argentina sumó un nuevo capítulo con la reciente Resolución 415/2026 publicada en el Boletín Oficial, que faculta a autoridades sanitarias y sociales a suscribir convenios de colaboración orientados a simplificar procesos y ampliar beneficios.
Esta disposición, busca articular la gestión de títulos profesionales y matrículas nacionales, así como mejorar el acceso a servicios y derechos para personas con discapacidad. El objetivo declarado es reducir tiempos y trabas burocráticas, facilitando el ejercicio profesional y la inclusión de los sectores más vulnerables.
El primer eje de la medida otorga a la Secretaría de Gestión Sanitaria la facultad de firmar, en conjunto con el Ministerio de Capital Humano o la dependencia que este determine, un convenio destinado a vincular el trámite de expedición del título de grado de los profesionales de la salud con el otorgamiento de la Matrícula Nacional. Según se informó, la iniciativa busca establecer mecanismos administrativos que permitan a los egresados acceder de manera más directa y coordinada a la habilitación necesaria para ejercer en el país.
La medida responde a la necesidad detectada en el ámbito sanitario de acortar los plazos entre la finalización de los estudios y la posibilidad de incorporarse al sistema de salud, eliminando duplicidades y agilizando los procesos dependientes de distintas áreas estatales.
Paralelamente, el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad fue autorizado a concretar, junto con la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, un convenio específico para avanzar en la configuración del beneficio de gratuidad en la tarjeta SUBE para personas con discapacidad. Esta gestión se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito el 13 de marzo de 2025 entre la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Transporte y Nación Servicios S.A.