Condenaron a dos excoordinadores de la Unidad Ejecutora Provincial

Dos ex coordinadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) fueron condenados por la Justicia por el delito de defraudación a la administración pública.

Se les endilgó irregularidades en una serie de contrataciones realizadas durante 2016 para el Plan Argentina Trabaja. La sentencia recayó sobre Luciano Exequiel González, quien se desempeñó como coordinador general de Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Silvio Lozano, quien fue coordinador administrativo del organismo.

En la investigación se reprochó como irregulares unas contrataciones realizadas durante 2016 para el Plan Argentina Trabaja. La Fiscalía aseguró que hubo un perjuicio al Estado de alrededor de 1.603.046,89 pesos.

Según supo UNO, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 8, Rafael Martín Cotorruelo, dictó sentencia condenatoria contra ambos a mediados de octubre. La resolución, desconocida hasta hoy, señala que a González se lo condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos "que impliquen exclusivamente el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios de la administración pública". También le aplicó normas de conducta por el mismo plazo. Gonzalez, alias 'Lucho', de 44 años y oriundo de Paraná, actualmente se desempeña como monotributista en ámbito de la construcción.

En tanto, Lozano fue declarado partícipe necesario del delito de defraudación a la administración pública y se le aplicó una pena de dos años y seis meses de prisión condicional. Al igual que González, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que impliquen manejo de bienes o dinero del Estado. Lozano, de 46 años, es oriundo de Basavilbaso.

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La causa

La investigación se inició por la denuncia del diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos), tras la publicación de la Revista Análisis en mayo de 2017. La causa fue elevada a juicio en 19 de marzo de 2021 por la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. Más tarde se dispuso que el debate oral se llevaría a cabo en 2022, pero en el medio hubo negociaciones entre las partes y se llegó a un acuerdo de juicio abreviado.

La acusación formulada por el fiscal Gonzalo Badano señalaba que “Luciano González, coordinador general, y Silvio Lozano, como coordinador administrativo de la Unidad Ejecutora Provincial del programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja sortearon la aplicación del procedimiento de licitación pública aplicable al caso según la Ley Nº 5.140, en contra de las pautas fijadas por el decreto Nº 795/96 y sus modificaciones y límites fijados por la ley Nº 10.262 y decreto de actualización 3368/15 MH”.

Y que “a través del fraccionamiento de la compra de calzados de trabajo, camisas y pantalones correspondientes al programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja” direccionaron contrataciones a personas que no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores del Estados “a quienes se les generó un lucro indebido al abonar sobreprecios y al habilitar los pagos con anterioridad a la recepción de la mercadería, apartando dicho dinero del control estatal. De este modo se ocasionó un perjuicio a la Administración Pública aproximado de $1.603.046, 89”.