Chatarrería Todoni tiene seis meses para desmantelar predio

En la audiencia de la Justicia demandada por vecinos de la zona de avenida Circunvalación de Paraná por la contaminación de la Chatarrería Todoni, se dispuso que el lugar sea desmantelado en un plazo de seis meses y la basura trasladada a cargo y costa de la empresa "Las 3E", propiedad de los hermanos Diego Enrique y la concejal de La Libertada Avanza, Romina Todoni. En caso de un nuevo incumplimiento se dispondrá la licitación para la venta.

El desmantelamiento del predio y traslado de residuos debe cumplimentarse según ciertos protocolos técnicos de la Secretaría de Ambiente de la provincia y con el control de la Municipalidad en Paraná, comenzando por los residuos ubicados en el terreno lindero a la planta en el plazo máximo de seis meses, bajo apercibimiento de disponer su licitación, a los fines del cumplimiento de la sentencia de fecha 29 de julio del 2024, según lo indicado por la jueza Gabriela Mastaglia.

A la audiencia concurrieron las partes, entre éstas demandados y demandantes, Municipio de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos.

La disposición judicial llega tras un periplo iniciado por los vecinos en 2024 y varios incumplimientos por parte de la empresa de resoluciones de la Justicia y de la Municipalidad de Paraná. Aldana Sasia, letrada que representa a los vecinos hizo notar que la empresa viene incumpliendo los plazos de la Justicia y ésta prorroga aún más el desmantelamiento de la chatarrería ubicada en avenida Circunvalación José Hernández al 2.000.

Por el momento el plan de desarticulación y desmantelamiento no se puede llevar a cabo porque no encuentran otro predio donde trasladar la cantidad de toneladas de chatarra acumulada. En ese sentido la Municipalidad quedó como depositario judicial hasta que se pueda vender o reciclar parte del material.

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Antecedentes

A medidados de 2024 la jueza Gabriela Mastaglia había resuelto la clausura y el traslado de los residuos pero la empresa no cumplió. En marzo de 2025 se dispuso el cese de actividades y dispuso que los residuos sean clasificados y trasladados a otro sitio pero la empresa argumentó que no podía hacerse cargo del costo de los el traslado.

El 6 de mayo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso un plazo de tres días para que la empresa elaborase un plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de todo el material existente. El plan fue presentado pero del demandantes en un amparo objetaron el mismo porque no establecía plazos ni métodos de desmatelamiento. Lo mismo opinó la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En junio se le impuso a Las 3E una multa de $200.000 diarios. Ya en octubre y a pedido de los vecinos se volvió a convocar a una audiencia para determinar el destino de los residuos tóxicos. Pero la empresa solo sumó incumplimientos.