La presidenta electa del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón, relató su experiencia con el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y acusó a la obra social de incumplir sistemáticamente la ley y de obligar a sus afiliados a iniciar juicios para acceder a las prestaciones que les corresponden por derecho. También criticó la oposición de Iosper ante un proyecto de ley que busca mejorar los honorarios de los abogados.
Abogados: acusan a Iosper de "normalizar" incumplimientos
María Marta Simón, presidenta electa del CAER, sostuvo que Iosper se opuso a la reforma de la Ley de Honorarios de abogados porque normalizó incumplimientos.
20 de septiembre 2023 · 10:06hs
Foto: UNO
Según dijo, la obra social se presentó ante la Comisión de Legislación del Senado para oponerse a la iniciativa, argumentando que perjudicaba sus intereses. "Hoy Iosper me demostró que es tal la normalización de sus incumplimientos que tiene calculado el costo de los honorarios de los profesionales de la abogacía como un 'prestador más'", manifestó Simón en un posteo en Facebook, según registró UNO, quien calificó esta conducta como una violencia institucional.
Simón contó que hace unos años una clienta llegó a su estudio "enviada por Iosper" porque tenía un hijo con una discapacidad y necesitaba varias prestaciones. La mujer creía que algunas de ellas se tramitaban por el Programa Integral de Discapacidad de Iosper (PIDI) y que otras se obtenían por "amparo". La abogada le explicó que el amparo era un juicio y que debía acompañarla en ese proceso. "A la angustia tremenda que tenía por su situación personal la Obra Social le sumó otra más. Siendo una prestación que Iosper debía cumplir obligatoriamente por ley, la obligó a transitar un juicio, que por supuesto ganó pero que retrasó la cobertura varios meses", contó.
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La abogada afirmó que esta situación se repite con frecuencia y que ella misma tuvo que presentar el mismo amparo durante años para que IOSPER reconociera la cobertura del tratamiento fonoaudiológico a una niña no oyente. "Seguramente mucha gente abandona, no es grato transitar un juicio para nadie. Tal vez ese es el motivo de que muchas prestaciones obligatorias Iosper solo las reconozca por amparos. El tiempo y el costo, no solo económico sino emocional, debe dejar a mucha gente en el camino", expresó.
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Hace unos años una clienta llego al estudio “enviada por Iosper”. Tenía un hijo con una discapacidad y en el ente le explicaron sobre varias prestaciones que solicitaba: que algunas iban por PIDI (el Programa Integral de Discapacidad de Iosper) y que otras iban por AMPARO. La señora creía incluso que era un trámite diferente para que le otorguen una prestación establecida por la ley como obligatoria.
Le tuve que explicar que un amparo era un juicio, y transitar ese juicio con ella. A la angustia tremenda que tenía por su situación personal la Obra Social le sumó otra más. Siendo una prestación que Iosper debía cumplir obligatoriamente por ley, la obligó a transitar un juicio, que por supuesto ganó pero que retrasó la cobertura varios meses.
Me pareció horrible esta forma de normalizar tener que promover un juicio para obtener el reconocimiento de una cobertura que la ley impone, lo sentí como lo que se hoy que es: una violencia institucional.
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Durante 4 años tuve que presentar el mismo amparo porque, a pesar de las sentencias en contra, se negaban año tras año sistemáticamente a reconocer la cobertura del tratamiento fonoaudiológico a una niña no oyente. Seguramente mucha gente abandona, no es grato transitar un juicio para nadie. Tal vez ese es el motivo de que muchas prestaciones obligatorias IOSPER solo las reconozca por amparos. El tiempo y el costo, no solo económico sino emocional, debe dejar a mucha gente en el camino.
Hoy IOSPER me demostró que es tal la normalización de sus incumplimientos que tiene calculado el costo de los honorarios de los profesionales de la abogacía como un “prestador más”.
Ojalá fuera un chiste, hoy el ente se presentó ante la Comisión de Legislación del Senado exigiendo que no se eleve para tratamiento un proyecto de ley que prevé una mejora en nuestros honorarios, argumentando que esta mejora que dignifica nuestra labor profesional “perjudica los intereses de esa Obra Social”.
Dicho de otro modo, ya no será negocio el incumplimiento, y, de aprobarse este proyecto, habrá coberturas que dejarán de ser “por AMPARO".