La Justicia habilitó a un supermercadista de Concepción a abrir los domingos

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por un supermercadista, e hizo saber a la Municipalidad de la ciudad que deberá abstenerse de aplicar a ese comerciante la Ordenanza Nº 9.805, que establece que los supermercados y distribuidoras mayoristas y minoristas locales deberán permanecer cerrados los domingos. La medida tendrá vigencia para los locales del empresario Menghui Weng, hasta tanto se dicte sentencia en la acción de inconstitucionalidad promovida por él.

El comerciante pidió al Tribunal que dicte una medida precautoria para que el Municipio se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva en la causa principal, de realizar actos destinados al cumplimiento de la Ordenanza N° 9805. También solicitó que se suspenda la aplicación de la norma en cuanto impide la apertura de sus locales comerciales los días domingo y/o aplica sanciones.

Los camaristas, María Fernanda Erramuspe, Federico Lacava y Mariano López, entendieron que la Municipalidad no tiene competencia para prohibir la apertura de comercios los domingos. En ese sentido consideraron "razonable colegir que las disposiciones constitucionales atributivas de competencia en la materia regulada en la ordenanza no acuerdan tal aptitud al municipio, no resultando este último la autoridad que detenta capacidad legislativa" para el dictado de normas en ejercicio del poder de policía del trabajo.

También sostuvieron que la ordenanza reprochada tiene "una fuerte presunción de inconstitucionalidad al no dar razón fundada del interés estatal que justifique el distingo entre trabajadores beneficiados con la medida y aquellos que no lo están".

En orden a la existencia de un "peligro en la demora" (otro de los requisitos necesarios para dictar una cautelar), la Cámara señaló que "resulta a todas luces incontrastable que el acta de constatación" confeccionada por agentes municipales y acompañada en su escrito por el comerciante, "otorga dosis de seriedad al inicio de un procedimiento sancionatorio orientado a castigar a la peticionante con sanciones que van desde una multa pecuniaria a la clausura del local comercial, conllevando esto último una concreta amenaza al derecho constitucional de comerciar que le asiste, extendiendo paradojalmente ese riesgo también sobre el derecho constitucional a trabajar de los sujetos beneficiarios de la normativa".

En su resolución, la Cámara fijó como contracautela, una fianza de 10.000 pesos que el supermercadista deberá depositar a la orden de la Cámara.