La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó el recurso de queja interpuesto por una fiscal federal de Paraná en el marco del debate para definir la competencia en la causa que investiga la presunta estafa cometida contra el Estado provincial mediante contratos fraudulentos en la Legislatura. Este jueves, a través de la mencionada resolución, el organismo nacional confirmó una resolución de primera instancia del titular del Juzgado Federal N°2 de Paraná, Daniel Alonso, que se había declarado competente para intervenir en el mencionado proceso.
La causa de los contratos vuelve a la Corte Suprema
La Cámara Nacional Electoral rechazó la apelación de una fiscal federal de Paraná. De ese modo, en la causa contratos se confirmó la resolución del juez Alonso.
15 de septiembre 2022 · 20:01hs
De esta manera será la Corte la que deba resolver respecto de la competencia provincial o federal. Es así, porque en principio fue el magistrado federal de Paraná quien remitió el expediente al máximo tribunal del país. Acto seguido, la fiscal federal María Eugenia Wilson, apeló esa primera decisión, aunque no se hizo lugar a tal planteo. Así las cosas, insistió con un recurso de queja ante la Cámara Nacional Electoral, que terminó por confirmar la resolución de Alonso.
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Luego de casi tres años de investigación por parte de la Fiscalía, que ha solicitado la remisión de la causa a juicio, el juez Alonso resolvió que es la Justicia Federal la que debe intervenir en la causa ante la sospecha que los fondos sustraídos de las arcas públicas tuvieron el destino del financiamiento de campañas electorales. Ante la opinión y resolución contraria por parte de la jueza Marina Barbagelata, el caso ha ingresado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra al respecto.
Dicha petición fue elevada por algunos abogados defensores de los imputados, entre ellos Emilio Fouces (defensor de Sergio Cardoso, exadministrador de la Cámara de Diputados), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena, los denominados recaudadores), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, exadministrador del Senado, y de Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao).
En esta oportunidad, fue la fiscal federal María Eugenia Wilson quien había apelado la primera decisión del juez Alonso, que no se la concedió. Entonces, la representante del Ministerio Público Fiscal fue en queja a la Cámara Nacional Electoral, que confirmó la resolución de Alonso.
