Ilarraz pretende que se anule el fallo por "arbitrario" en la instancia de Casación

A puertas cerradas se desarrolló ayer la audiencia donde se discutió el recurso de apelación ante la cámara de Casación Penal de Paraná presentado por la defensa del cura Justo José Ilarraz para solicitar la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años de cumplimiento efectivo por los abusos cometidos en el Seminario de Paraná. El cura, que cumple arresto domiciliario en el departamento de un familiar, no participó de la audiencia pese a la expectativa que había en torno a esa posibilidad. La defensa comenzó con la ronda de alegatos invocando un argumento conocido, el de la prescripción de los delitos por el paso del tiempo transcurrido. La exposición que estuvo a cargo del abogado Jorge Muñoz, también advirtió sobre la "arbitrariedad" de la sentencia y además solicitó que el tribunal cumpla con el control de "logicidad" de la resolución.

Al atacar el contenido del fallo objetó que la jueza Alicia Vivian –presidenta del tribunal– "haya utilizado permanentemente la supuesta participación de los jerarcas de la Iglesia Católica para impedir el acceso a la Justicia. Sin embargo no hay ningún jerarca eclesiástico imputado". El letrado consideró que este accionar "afecta de manera clara el principio de identidad de la lógica". Según Muñoz no se realizó una adecuada valoración de la carga probatoria y cuestionó la veracidad de los dichos de algunos testigos. "Aceptaron la declaración testimonial del padre (Leonardo) Tobar, quien al ser preguntado en el debate si tenía algún interés en el pleito dijo: 'Quiero ver al sacerdote preso'. Una persona que realiza una manifestación de tal característica o trata de monstruo, evidentemente le comprende las generales de la ley, lo que hace dudar de la objetividad del testimonio. Eso fue minimizado por la jueza", interpretó en una charla con UNO.

El profesional también objetó la finalidad y el monto de la pena "porque se desvirtúa, ya que no guarda ninguna clase de relación con el fin de prevención social esgrimido por el tribunal".

Por último, la defensa reclamó la nulidad de la sentencia de primera instancia y que se dicte un nuevo veredicto con la conformación de un nuevo tribunal.

Los querellantes Santiago y Victoria Halle, Marcos Rodríguez Allende, Lisandro Amavet, junto a los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola requirieron que se ratifique la condena de primera instancia. Los acusadores públicos dijeron que correspondía "defender en todos los términos la condena que se le impuso" al cura Ilarraz porque "ha receptado el interés de las víctimas". Piérola en diálogo con los medios de prensa recordó que se solicitó la prisión preventiva de Ilarraz, pedido al que se hizo lugar desde el tribunal, aunque la pena dispuesta resultó "morigerada". Y explicó que para que la sentencia quede firme "se deben agotar todos los recursos posibles que tenga como persona condenada Ilarraz y se vaya confirmando su responsabilidad, deberá cumplir la condena de prisión en una cárcel común".

Los querellantes particulares adhirieron al planteo precedente, y agregaron en coincidencia que el imputado debe cumplir con la pena en una cárcel común. "Luego de un doble conforme no hay motivo para que el cura siga cumpliendo con la condena en un departamento", afirmó el abogado Santiago Halle.

También abordó otras dos cuestiones centrales: que hubo una violación a los derechos humanos, ya que se afectó la integridad sexual de las víctimas –en ese momento menores de edad– y por otro lado, en este caso operó un sistema de encubrimiento llevado a cabo por las autoridades de la Iglesia que impidió que las víctimas pudieran denunciar.

Luego de una extensa audiencia el tribunal de Casación integrado por Alejandro Cánepa, Dardo Tórtul y Cristina Lía Van Dembroucke fijó para el 8 de abril a las 9 la lectura de la sentencia.