Miradas
Miércoles 10 de Octubre de 2018

Una a favor de los radicales

La noticia de mayor impacto popular del día fue, ayer, la marcha atrás del gobierno en el cobro del polémico pago retroactivo en la tarifa de gas que debían realizar los usuarios para compensar por la devaluación a las empresas prestatarias.
La crónica indica que referentes de los principales bloques parlamentarios, incluido Cambiemos, fueron notificados del cambio por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien desembarcó en el Congreso ante el riesgo de que la medida emitida el viernes por el secretario de Energía, Javier Iguacel, empantanara la discusión por el Presupuesto 2019.
A todas luces una decisión impopular que, en la maraña de sucesos que conmueven el bolsillo de las clases media y baja de la Argentina parecen haber intentado pasar como desapercibida. La queja en los medios, las calles y las redes sociales no habían conmovido a los hacedores de la profundización de la recesión. En cambio, lograron el milagro los radicales que condicionaron la votación a favor de la también controvertida ley de Presupuesto a que el Gobierno deje de apretar con la tarifa del gas.
En la reunión con el ministro entrerriano, de la que participaron según consignó el diario Clarín el titular provisional del Senado, Federico Pinedo, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara alta, Luis Naidenoff; Frigerio les notificó a los legisladores de la oposición que la decisión del Gobierno es que las empresas absorban una parte del costo y que del resto se hará cargo el Estado, en cuotas hasta 2021, por lo que tampoco se verían afectadas las previsiones presupuestarias y el déficit cero para 2019 que el macrismo había pactado con el Fondo Monetario Internacional.
En Diputados la oposición había unido fuerzas para convocar a una sesión especial para el jueves 18 con el objetivo de derogar la resolución de Iguacel, amparada en la Ley Nº 24.076 sancionada en 1992, que habilita al Ente Nacional Regulador del Gas a instruir a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019. Se trata, estiman en el Gobierno, de unos 10.000 millones de pesos, más intereses. Según había adelantado el secretario, sería un promedio de entre 90 y 100 pesos por mes durante dos años.
Al defender su medida, Iguacel indicó que se había decidido disponer la suba en 24 cuotas porque si no, en vez del 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%, y alertó que si se vuelve a la política de importar gas y al desabastecimiento el que pagó 3.000 pesos pagaría 6.000.
Más allá de que ayer el Presidente había salido a defender la decisión del Gobierno al señalar que la energía cuesta y hay que pagarla, la rápida respuesta de la oposición que se abroqueló y llegó a amenazar incluso con dejar sin Presupuesto al Gobierno, forzó a la Rosada a buscar alternativas. Así, primero se analizó la propuesta que hizo llegar el radicalismo, cuyo costo para el Estado sería de unos 100 millones de dólares.
Confeccionada por un asesor de Mario Negri, jefe del interbloque en la Cámara de Diputados, el documento impulsado por los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza; Gerardo Morales de Jujuy y el correntino Gustavo Valdés contemplaba que el Estado subsidiara el 50% que debían abonar los usuarios.
Ante el enojo que advirtió en la cúpula de la Unión Cívica Radical por no haber sido alertada de la medida, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, habilitó a evaluar una salida consensuada con esta propuesta como referencia. Algo de eso había ya deslizado Frigerio cuando dijo que el Gobierno estaba dispuesto a tratar de encontrarle una solución al aumento y que hay tiempo porque la medida entra en vigencia el 1º de enero. Así fue que desde Asia se puso a trabajar el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al propio Iguacel, su subordinado rebelde que había omitido avisarle que sacaría esa resolución el viernes, justo en la previa a su viaje.
Con esta nueva marcha atrás, como informa también el mismo diario Clarín, el Gobierno desactiva un nuevo foco de conflicto en el Congreso de la Nación y ahora confía en aprobar el Presupuesto en Diputados tal como lo tenía previsto, con una sesión especial el 24 de octubre.

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