Sicarios, cárceles y políticas

La nota que publicamos ayer acerca de las circunstancias e hipótesis en torno al asesinato ocurrido en horas de la siesta del domingo en Concordia, causó cierto revuelo, o lo que pueda llegar a ser un revuelo en un enero con máximas de 38 grados que parecen petrificar el debate público más que en el resto del año. Es que cada vez que en Entre Ríos aparece la muerte a bordo de una moto sin guadaña pero con 9 milímetros, cumpliendo un trabajo limpio y despiadado, se encienden las alarmas por lo que ocurre a diario del otro lado de las islas y del río Paraná, en Rosario, con sicarios a la orden del día. Algunos se preocupan, otros lo naturalizan y los de siempre se apuran en negar todo.

El Entre Ríos

Un crimen puede contar con características mafiosas y en el fondo tener un motivo personal o haberse tratado de un arrebato de violencia sin organización, como lo fueron el homicidio de Marcelo Cabeza ocurrido hace casi dos años en Paraná (disparo en la cabeza, manos cortadas, cuerpo calcinado en un auto), o el más reciente de Daniel Pérez en Concordia, en septiembre del año pasado (ejecución de rodillas, cuerpo quemado y arrojado a un basural). Ambos hechos fueron por estampidos mortales de una persona en el marco de una discusión dentro de una casa, seguido por el intento torpe de eliminar pruebas.

Otros han sido efectivamente casos de sicariato, como el triple crimen de narcos en el barrio Los Paraísos de Paraná, el asesinato del empresario tabacalero Raúl Molina en una quinta de las afueras de Concordia o el del peruano prestamista Jairo Tello Morales en el barrio San Martín de la capital provincial. Sus rasgos son casi siempre los mismos: dos hombres en moto y pistolas de grueso calibre, con avezados tiradores de pulso helado. Además, los asesinos a sueldo casi nunca son identificados ni detenidos.

Foto: Juan Segovia/Diario Río Uruguay

Así fue el homicidio de Matías Walton ocurrido el domingo en el cruce de la ruta 4 y la autovía nacional 14. Si fue un crimen por encargo o un ajuste de cuentas por parte de dos motociclistas con “problemas de vieja data” con la víctima, lo dirá la investigación a cargo del fiscal Mauricio Guerrero y la Policía local. No obstante, no es el primer caso con estas características que sucede en Concordia. Varias investigaciones judiciales han advertido la disponibilidad de personas, generalmente jóvenes que viven a merced de algún narco, para subirse a una moto e ir a dispararle a quien le pidan. También hubo varias causas en Paraná que advirtieron que varias bandas o banditas cuentan con tiratiros dispuestos a cualquier cosa.

Esto debería preocupar sin escandalizar. Tampoco hay que perder de vista que, tal como hemos publicado el 31 de diciembre, los homicidios en la provincia continúan en descenso. Paraná tuvo un piso de nueve muertes violentas y Concordia ocho, cifras muy bajas en comparación a tres o cuatro años atrás.

Y preocuparse debería ser, en rigor, ocuparse. Matías Walton tenía 39 años y desde joven vivió y creció en un ambiente familiar inmerso en el narcotráfico. Hace nueve años mató a un joven en una pelea callejera, estuvo preso y al salir no hubo resocialización posible en ese contexto. Varias veces lo habían tiroteado, mientras su madre acumulaba condenas por venta de drogas.

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Entonces, las cárceles, más allá de los esfuerzos de muchas personas que trabajan allí, siguen siendo espacios que no generan esperanzas y oportunidades reales para todos a corto o mediano plazo; la venta de drogas prolifera con una Ley de narcomenudeo que aporta cifras altisonantes de allanamientos y detenidos sin solucionar el problema; las estructuras de la Policía y de la Fiscalía en Concordia son, al menos, tres veces menor que las de Paraná, con un nivel de criminalidad proporcional mucho mayor en la ciudad de la costa del río Uruguay, aunque allí cuentan con la ventaja de un fuero federal visiblemente más activo que en la capital provincial.

Ninguna ciudad del país es comparable con Rosario, donde el desmadre tiene en el centro a la corrupción descalabrada en las fuerzas de seguridad y la dirección del narcotráfico y los homicidios desde las cárceles. Pero los indicios de situaciones “a la rosarina” en Entre Ríos podrían ocupar ya a quienes tienen la facultad de tomar decisiones, ya que, por suerte, estamos a tiempo y sobre todo hay muchas personas dispuestas a trabajar en consecuencia.

Claro que la principal tarea, por encima de cualquier política de seguridad pública, es la generación de oportunidades, educación y faciliten el rescate de la mano de obra del crimen organizado.