Durante la temporada electoral, los diferentes aspirantes a cargos públicos deben poner sobre la mesa sus propuestas. La información sobre lo que quieren hacer si llegan al poder es fundamental para que nosotros decidamos el voto. También es una buena época para que los representados expongamos lo que hace falta para que el futuro sea un poco mejor. Hay diferentes problemáticas para tratar, pero una no menos importante tiene que ver con el patrimonio de los funcionarios entrerrianos.
Patrimonio de funcionarios y secreto de Estado
A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en Entre Ríos las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios son secretas. Un debate pendiente.
Por Gonzalo Núñez
26 de julio 2023 · 08:53hs
Y es que, en épocas de digitalización y gobiernos abiertos, es muy importante que todos conozcamos los patrimonios de nuestros representantes, actuales o futuros. Un sitio oficial con esa información permitiría estar al tanto sobre cómo evolucionan sus bienes y cuentas bancarias mientras están en el Estado y cómo terminan al retirarse de sus funciones.
Entre Ríos es una de las provincias que reserva en secreto las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios. Es decir, no hay Web oficial en donde encontrar documentación al respecto y tampoco se puede acceder fácilmente. En la Legislatura hubo varios proyectos para hacerlas semipúblicas o públicas, pero ninguno prosperó. Permitir su publicidad es incómodo para más de un funcionario/a.
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Si alguien quisiera saber, por ejemplo, el patrimonio de los principales funcionarios del gobierno entrerriano se encontrará con una especie de muro: la Ley Nº 3.886 (de Registros de Declaraciones Juradas Patrimoniales, aprobada en 1953), que establece que las mismas se presentan “bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto”.
Además, sabrá que el sobre sólo puede ser abierto en caso de una investigación administrativa o judicial, a pedido del funcionario dueño de la declaración o a requerimiento de un juez. Esa información sensible se encuentra bajo custodia en el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Personal de la Administración Pública, dependiente de la Contaduría General de la Provincia.
Las declaraciones juradas patrimoniales secretas colisionan con el derecho al acceso a la información pública. El mismo está garantizado por la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta situación en nuestra provincia contrasta con lo que sucede a nivel nacional, donde la Ley de Ética Pública Nº 25.188 (modificada por la Nº 26.857) estableció que las declaraciones debían publicarse en la Web. A nivel nacional la información patrimonial de funcionarios puede encontrarse en el sitio de la Oficina Anticorrupción o ingresando en este enlace: https://www2.jus.gov.ar/consultaddjj/Home/Busqueda.
En nuestra provincia, una herramienta similar permitiría saber a ciencia cierta la situación patrimonial de quienes deciden todos los días sobre nosotros, los representados. También pondría cierto límite a quienes, aprovechando el secretismo de las declaraciones y los laxos controles de los organismos estatales (demostrados en diferentes causas judiciales), se enriquezcan de manera irregular.
Hay una larga lista de figuras de la política local con condenas por delitos contra la administración pública: un gobernador, dos vicegobernadores, intendentes, concejales, legisladores provinciales e incluso funcionarios policiales y directores de hospitales. La lista es amplia y la pregunta pertinente hoy, y mientras el secreto de esa información sea la regla, es si los funcionarios y quienes pretendan serlo aceptarán algún día hacer pública esa información.
La publicidad de esos datos posibilitará poner bajo la lupa si alguien llegó al Estado con un patrimonio dentro de lo normal por su actividad previa o si, por el contrario, luego de unos años exhibe un crecimiento de bienes suntuosos, con empresas de relevancia y una ristra de cuentas bancarias para presumir en privado.
De momento, ningún programa de los principales precandidatos prevé poner siquiera en discusión este asunto. Se dirá que el debate pasa por otras problemáticas y es, en gran parte, cierto. Urge generar más empleo, robustecer el poder adquisitivo y posibilitar más desarrollo de la industria y el agro. Sin embargo, el gesto institucional aludido aportará más confianza y disipará sospechas.