La puerta para juzgar a la Policía de la dictadura

En Entre Ríos se han realizado hasta el momentos dos juicios orales y públicos y uno por escrito por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En el primero, por la causa Hospital Militar, fueron condenados cinco represores que se desempeñaban en el Ejército –ya sea como militares o personal civil– incluido un médico militar. En el segundo, por la causa Harguindeguy, los sentenciados fueron cuatro: dos jefes militares y dos ex integrantes de la Policía Federal; mientras que fueron absueltos dos ex policías provinciales y un ex militar. Finalmente, en la megacausa Área Paraná, que tramitó por escrito, el juez federal Leandro Ríos condenó a siete represores, entre militares retirados, personal del Servicio Penitenciario y un expolicía Federal.

No hubo, hasta el momento, ningún integrante de la Policía de Entre Ríos condenado por delitos de lesa humanidad. No se debe, por supuesto, a que no haya responsables en esa fuerza de seguridad por los crímenes de la dictadura. Pero por diferentes motivos los que han estado acusados han sido separados del proceso por problemas de salud o han fallecido antes de que se dictara sentencia o bien han sido absueltos. Este último caso fue el de Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez, exuniformados de Gualeguaychú que estaban imputados por el secuestro de los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, pero las pruebas no resultaron suficientes para condenarlos, según entendió el Tribunal Oral Federal de Paraná.

El lunes 26 se iniciará el cuarto juicio (el tercero oral y público), que tendrá un solo imputado: Atilio Ricardo Céparo. Además de la particularidad de ser el suegro de Emilio Castrillón, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Céparo estará sentado en el banquillo porque el 23 de setiembre de 1976, como oficial ayudante de la Policía de la provincia, integró el grupo operativo que detuvo a una mujer dentro del sanatorio La Entrerriana, donde la víctima trabajaba. Según las acusaciones, luego de ser llevada a la Jefatura Departamental que funcionaba en calle Córdoba, fue trasladada a la Comisaría del barrio San Agustín para permanecer allí seis días presa. Luego fue nuevamente llevada a la Departamental, donde la sometieron a torturas con picana eléctrica. Allí pudo identificar a Céparo como uno de los torturadores. Inclusive observó, cuando se le corrió la venda que tenía en los ojos, que él fue quien le ató los pies. Luego volvió a ver al imputado en otros momentos de lo que fue –vale la pena aclararlo– una detención ilegal, sin orden judicial.

La querella solicitó al juez que acumulara la causa con otras denuncias contra Céparo y otros miembros de la Policía por parte de otras víctimas que fueron detenidas en esos días, en lo que aparenta haber sido parte de un mismo operativo. Sin embargo Ríos decidió elevar la causa a juicio, con un solo represor acusado y por un solo hecho. Esas condiciones no son las ideales para que se arroje luz sobre la actuación de la Policía durante la dictadura, pero sí pude representar el inicio de un proceso pendiente en lo que va del juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en Entre Ríos. Y puede ser también, si así lo entiende el tribunal, el primer condenado que vistió uniforme de la Policía de Entre Ríos.