Iosper: Las prioridades y los derechos de los afiliados

Afortunadamente en los últimos años en la Argentina, se han equiparado numerosos Derechos de personas que siempre quedaban relegados o discriminados. Distintas normativas dieron igualdad de oportunidades para tener las mismas posibilidades sin tener que justificar ninguna condición religiosa, de sexo o clase social. Bienvenida la normativa.

Lo que sí generó polémica de afiliados del Iosper, fue la resolución de la obra social de avanzar con un convenio con el Sanatorio Güemes, para garantizar tratamientos de adecuación corporal y reasignación genital.

El Directorio del Iosper no se apartó de lo que manda la Ley nacional 26.743. Y así debe ser.

Se sabe que la obra social viene sufriendo una serie de golpes económicos y financieros como consecuencia de amparos presentados por afiliados, y que en la Justicia, sin ningún tipo de miramientos y análisis del contexto actual del país y la provincia, los obligan a realizar prácticas médicas e intervenciones millonarias.

Una primera respuesta a estos llamativos fallos, fue tratar de lograr las prestaciones con nosocomios nacionales para que pudieran ejecutar distintos tratamientos,como el de cambio de sexo. Se valoró que habrá un equipo multidisciplinario de profesionales de primer nivel, quienes trabajarán en forma conjunta y coordinada, consustanciados y sensibilizados con este tipo de pacientes, quienes acuden por disforia de género (de ambos sexos), con el fin de readecuar tanto su aspecto físico, desde lo facial, corporal, hormonal, hasta la genitalidad.

El convenio permitirá el proceso a los pacientes, pre y post procedimiento quirúrgico asegurando el confort, la intimidad y contención que cada caso requiera, brindando una atención ciento por ciento personalizada, habitaciones individuales, seguimiento ambulatorio y los tratamientos que se requieran una vez alcanzada la adecuación al género correspondiente.

Ayer martes, en la sede central del Iosper, como a sus autoridades les “llovieron” pedidos y mensajes de textos, exigiendo con el mismo criterio por la falta de atención en prestaciones odontológicas, neurológicas, psicológicas y de psicopedagogos, entre otras.

Es increíbles, pero hoy en la principal obra social de la provincia, no se cuenta con cobertura básica con dentistas y otros profesionales que por diversos motivos no logran cerrar acuerdos necesarios, prioritarios y urgentes.

¿Qué deben hacer los afiliados? Pagar. Y la verdad es que a muchos no les cayó bien que desde el Instituto se hayan priorizado las prácticas de cambio de género, antes que la cobertura neurológica o de odontólogos.

Habrá que entender que algunos sectores de profesionales de la salud se mueven como corporaciones que lo único que les interesa es el fin económico y la máxima ganancia, pero no puede ser que durante años, se haga natural la no atención y prestación, como que también es normal pagar plus sin ningún tipo de contención del Iosper.

Todos los argumentos son válidos. Desde el Iosper se asegura que las resoluciones judiciales los enloquecen, y les hacen perder muchas veces las prioridades en presupuestos tan acotados. Pero se deberá entender que si las representaciones gremiales que conducen el organismo no han logrado como política de Estado garantizar las prestaciones, es como que no se están logrando los objetivos.

Y esto es un problema que se viene arrastrando desde hace años.

Fui testigo ayer cómo distintos afiliados pedían, suplicaban que les aprobaran las cirugías programadas, o la contención de personas discapacitadas. Hay sectores de afiliados que no pueden ir a un dentista, a un neurólogo, a un sicólogo (más en estos tiempos de post pandemia y problemas depresivos que se viven en la sociedad), para tener una asistencia. Se sabrá que si una persona no puede ser contenida por un especialista, puede terminar de la peor manera tomando resoluciones extremas.

Todos los meses ingresan al Iosper millones de pesos, seguros y directos, y cada seis meses se amplían con los aguinaldos.

Las prioridades seguro están. Los gastos y costos de funcionamiento deberían tener la mayor austeridad, para que la gran mayoría de lo que ingresa a la obra social tenga el mejor destino, y no se avance con una guerra de derechos y de prioridades.