Entidades Financieras: la deuda oculta de la democracia

El desarrollo suele presentarse, desde hace tiempo, como una prioridad central en la economía argentina. Sin embargo, entre otras condiciones, necesita de un sistema financiero sano y ordenado, que la posibilite. La pequeña y mediana empresa, por caso, depende en gran medida de esa condición. En cada elección, nacional, provincial, legislativa o ejecutiva, no son pocos los candidatos o candidatas que hacen especial énfasis en la necesidad de nuestro país por expandir las Pymes y economías regionales, no obstante, nadie dice cómo; y es que con la actual ley de entidades financieras, el mentado objetivo parece poco probable.

Lo de la actual, como se verá de inmediato, no es más que un eufemismo.

La ley 21526, sancionada en 1977, por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, era el “as en la manga” del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz para la “modernización del país”. Aunque parezca un engaño, en cuarenta años de democracia, ningún gobierno elegido por el pueblo fue capaz de modificarla en sus aspectos sustanciales.

“Esto es un cambio de estructuras de las entidades financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más allá de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo más importante”, dijo Martínez de Hoz de su más importante obra. Cuánta razón tuvo el tristemente célebre colaborador de la junta. En cuestiones financieras, todo cambió para siempre.

En consonancia con las teorías económicas en boga en el mundo occidental, basadas en la ideología neoliberal de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, se liberalizó la tasa de interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, el resultado provocó que las tasas alcanzaran valores reales extraordinariamente elevados, lo cual es un tiro de gracia para la industria, especialmente si de pymes se trata.

Según la teoría que los Chicago boys exportaron al mundo, la tasa de interés es un “bien de mercado” y se determina, por tanto, como cualquier producto del mercado. En la práctica, lo terminan definiendo los “grandes jugadores”. Es decir, holdings empresarios o bancarios, quienes –a su vez- son sus principales beneficiarios.

En este punto, podría preguntarse: ¿Qué tiene esto que ver con la gente común, trabajadores, comerciantes, productores? En realidad, las consecuencias son múltiples para el ciudadano de a pie.

En primer lugar, el acceso al crédito fue cada vez más difícil para los pequeños emprendedores, dado lo alto de la tasa (que también se encarece para que los ahorristas no vayan al dólar). Por otro lado, un trabajador o comerciante que alquila un inmueble, se ve casi imposibilitado de tomar créditos hipotecarios, ya que nuestro país tiene tasas y condiciones prohibitivas. Es que con esta ley, los bancos prefieren no arriesgar en un contexto económico tan inestable, a realizar préstamos extensos en tiempo y con tasas de retornos lentas, como son las hipotecas, habiendo opciones financieras especulativas mucho más rápidas y redituables.

Foto UNO/Mateo Oviedo

Otra consecuencia de esa ley fue la liberalización de los “servicios” financieros que prestan las entidades. En tal sentido, se estima que en Argentina, hay cerca de 25 millones de titulares de tarjetas de crédito. A un promedio de 600 pesos mensuales de mantenimiento y 6400 pesos anuales de renovación, no es difícil imaginar cuánto dinero va del bolsillo de la clase media y media baja a las arcas de los bancos cada vez más concentrados en su propiedad. Pero no olvidemos las cuentas corrientes y cajas de ahorros que, para cobrar los sueldos y realizar operaciones, deben abrir los trabajadores en dependencia o autónomos. El costo de esos ‘paquetes’, promedia los 1.650 pesos mensuales, según la entidad emisora.

A lo anterior podemos sumar las letras emitidas para evitar que los pesos vayan al dólar (Lebac, Leliq), constituyendo otra gran ganancia de las entidades.

En fin, cuarenta años de democracia, siempre los mismos ganadores, siempre los mismos perdedores.