El ajuste sobre los más precarizados

El gobernador Gustavo Bordet se pronuncia en contra del ajuste. Es uno de sus ejes discursivos principales al momento de caracterizar su gestión y su relación con el gobierno nacional. En varias ocasiones ha manifestado que lo que lo distingue de la Administración Macri es la negativa a recortar los ingresos de los empleados públicos como herramienta para ordenar las cuentas públicas. Por ejemplo, el 18 de mayo posteó en su fan page de Facebook: "Nuestra gestión no despidió a ningún trabajador, ni lo hará. Entendemos que hay ajustes que no pueden hacerse más, ni tarifarios ni sobre los salarios. Por eso en nuestra gestión achicamos el gasto político, teníamos 11 ministerios y hoy son cinco, eliminamos 60 dependencias entre secretarías, subsecretarías y direcciones. Esto es necesario para tener menos gasto público y lograr un equilibrio fiscal. Garantizaremos gobernabilidad como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, más allá del posicionamiento político diferente entre la Nación y la Provincia".

Sin embargo, hay una importante cantidad de trabajadores provinciales que sufren la poda de su nivel de ingreso, además de poseer pésimas condiciones laborales. Los trabajadores y trabajadoras con contratos de obra –de ellos se trata– o también conocidos como monotributistas, cobran por debajo de la línea de pobreza, no están comprendidos en las negociaciones paritarias, no poseen estabilidad y pueden a llegar a estar varios meses sin cobrar mientras el correspondiente contrato termina de atravesar todos los pasos burocráticos necesarios para que se acredite el primer pago. ¿Quién puede soportar incólume un semestre sin cobrar?

Además de todo esto, se configura un vínculo laboral informal. Es sabido que quienes se desempeñan bajo este régimen deben concurrir todos los días a una oficina, cumplir el horario de la administración pública, obedecer las órdenes de sus superiores y todo lo que implica una relación de dependencia. Sin embargo, no poseen los beneficios propios de esa relación: vacaciones, aguinaldo, horas extras, licencias especiales, estabilidad y aumentos de sueldo discutidos en paritarias, entre otros. Algunos de estos derechos negados para los contratos de obra, se otorgan solo arbitrariamente a modo de concesión y a criterio del funcionario del área respectiva.

Por lo tanto, lo que en teoría debería ser una contratación para la realización de una obra determinada y nada más, es en los hechos una forma de incorporar personal sin pagar las cargas sociales propias del trabajo registrado. Es lo que en Derecho llaman "fraude laboral": tener empleados simulando que no lo son; con el agravante de que aquí es el propio Estado el que viola las normas laborales, cuando se supone que su rol es garantizar su cumplimiento.

Según manifestaron dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hay miles de mujeres y hombres en esta situación en Entre Ríos. Incluso señalan que se han creado organismos con la totalidad del personal bajo esta figura, y no es posible que sea de otro modo porque hace dos años que en los presupuestos no se crean nuevos cargos. Con esta práctica, tampoco se respeta la carrera de ingreso al empleo público.

La mayoría de las personas en esta situación cobra unos 12.000 pesos, de los cuales deben destinar más de 1.000 al pago de impuestos para tener aportes de jubilación y obra social. Es decir, no sólo están muy por debajo del ingreso familiar necesario para no ser pobre, que hoy es de 18.257,07 pesos, sino que deben sacar de sus magros sueldos para efectivizar los aportes que el empleador no hace.

Queda claro, entonces, que el ajuste sí se hace sobre los trabajadores y trabajadoras: aunque no haya despidos, esta irregularidad –que Bordet no inventó pero que sí utiliza sistemáticamente– implica un achique del gasto público que sufren las familias que dependen de estos contratos para subsistir, a duras penas, en un contexto inflacionario y de cierre de fuentes laborales en el sector privado.