El lunes en los tribunales de Gualeguay, el fiscal Federico Uriburu y el querellante Mariano Navarro pidieron 25 años de cárcel para el cura Juan Diego Escobar Gaviria, que llegó al banquillo por una serie de denuncias de delitos de
corrupción y
abuso sexual de menores, agravada por la condición de miembro del clero. Si bien los alegatos aún no han concluido, los familiares de las víctimas que sufrieron los abusos del sacerdote, pudieron escuchar los hechos que vivieron sus hijos a manos del "sanador" colombiano, ante los que el acusado solo se limitó a reírse y negar con la cabeza.
Pero esta noticia no es la única vinculada al mundo de la iglesia y los abusos que se dio a conocer en las últimas semanas, sin ir más lejos hace menos de un mes se confirmó que la Sala II de la Cámara del Crimen fijaba que el juicio oral al cura Justo José Ilarraz, por promoción a la corrupción agravada, será entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre. Como ya es de público conocimiento, el sacerdote carga con siete denuncias por abusos, realizadas por exseminaristas, las cuales se habrían perpetrado entre fines de los años 80 y principios de los 90 en el Seminario de Paraná. En la resolución se citó al debate a más de 75 personas que deberán declarar como testigos. Entre idas y vueltas, el acusado se sentará en el banquillo recién cinco años después de aquella publicación de la revista Análisis, que detonó la bomba, un 13 de setiembre de 2012.
Comienzan a verse así los resultados de tantos años de lucha de las víctimas de estos dos casos como de tantos otros ocurridos en Entre Ríos. Gracias a ellas, a que alzaron sus voces y que estas fueron escuchadas por abogados y periodistas, que se dio desde Argentina hacia el mundo un movimiento decidido a terminar con la impunidad promovida por tantos años de silencios de parte de las autoridades eclesiásticas. Si miramos apenas 10 años atrás, nos damos cuenta que estos juicios que se mencionan son acontecimientos históricos dentro de una sociedad cristiana que, bajo la decisión del Vaticano, se encargó de esconder causas y denuncias por doquier, donde los casos que cobraban visibilidad eran archivados en un abrir y cerrar de ojos con el objetivo de evitar una mancha más a la institución religiosa. Es gracias a ellas, víctimas durante años, que las actitudes de los arzobispos y del propio papa Francisco han cambiado, separando inmediatamente de parroquias y templos a quienes los corrompen. Una prueba de ello en nuestra provincia fue la suspensión en sus funciones, sin demoras, del cura Marcelino Moya promovida por Puiggari a finales de 2015, a pocos días de que dos jóvenes se presentaran ante la Justicia para denunciarlo por abusos cometidos en Villaguay. Similar accionar se dio en Santa Fe en mayo, donde el propio Arancedo se acercó y apartó al cura párroco de Nuestra Señora de la Merced de Monte Vera, al darse a conocer que había intentado seducir a una adolescente de 16 años por Instragram.
Hoy las intervenciones se dan ante la
denuncia y la sospecha, poniendo a disposición de los jueces a aquellos que son señalados. ¿Ayuda esto a reparar los errores cometidos por las máximas autoridades del catolicismo? No, pero sí deja ver claros indicios de una transformación que se promueve desde Roma pero que tendrá la difícil tarea de llegar a cada rincón del planeta para poder concretarse sin perder a sus fieles en el camino.
