Estamos a las puertas de un año electoral. La inseguridad será uno de los temas principales de la campaña 2019, ya que va a permitir tapar los desaciertos económicos del gobierno nacional. Los ciudadanos debemos estar atentos, no dejarnos engañar como sucedió en 2009 cuando el poder de los medios de comunicación, en especial de la TV, hizo que los bonaerenses "compraran" a Francisco de Narváez, un empresario exitoso que ni siquiera fue a trabajar a Diputados. Su discurso, vacío, solo apuntaba a la inseguridad, con proyectos que rozaban lo absurdo. La pantalla chica a través de un juego de palabras logró instalarlo: "Votate, votame" o "Alica, alicate". Todos sonreían y De Narváez ganó. Sus proyectos contra la inseguridad fueron vergonzosos. No quiero decir con esto que los votantes hubiesen tenido que elegir a Néstor Kirchner o a Sergio Massa. Nada más alejado.
A los tiros no se soluciona nada
6 de diciembre 2018 · 22:39hs
Hace pocos días, el mismo gobierno que destruyó el Programa de Desarme Voluntario anunció un nuevo reglamento que habilita a la Policía a disparar sin dar la voz de alto. Para justificar la idea Patricia Bullrich dijo: "El 99% de la gente que muere por un arma de fuego en la Argentina muere en manos de un delincuente que la asesina". El dato de la ministra no coincide con números que su gobierno publica en la página del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es más el sitio Chequeado.com informó ayer que "los homicidios con armas de fuego cometidos por personas que violan la ley representan 10 puntos menos a los señalados por la ministra. Además, casi la mitad de estas muertes se producen en el marco de discusiones o peleas interpersonales y conflictos intrafamiliares y no en situaciones de robo con armas, como dio a entender Bullrich".
La violencia no se combate con más violencia, sino con políticas inclusivas que incluyan mejoras salariales a los policías. Por ejemplo, una mejora en los haberes de los funcionarios policiales no vendría mal. Muchos salen de trabajar corriendo a realizar adicionales para poder subsistir. Si un policía gana más podrá descansar y rendir más en su trabajo. O tendrá más tiempo para capacitarse. Pero no, para el gobierno nacional la única respuesta que tiene para un funcionario mal pago es darle la posibilidad de que dispare.
En los últimos días, varios programas de televisión empezaron a ensuciar la cabeza de "doña Rosa" mostrando imágenes del accionar de la Policía en Brasil. Esos mismos programas de televisión pasaron en 2017 filmaciones de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y narcos que supuestamente ocurrían en la frontera entre Argentina y Brasil que el gobierno kirchnerista había desprotegido, pero en realidad esos tiroteos eran en Colombia. Obvio que jamás se aclaró la supuesta confusión.
Para tener como muestra nuestra realidad, hay que decir que en Paraná hasta ayer sucedieron 22 homicidios, dos de los cuales fueron en ocasión de robo. Los restantes hechos acontecieron entre conocidos. No en todos se utilizaron armas de fuego. ¿Vale la pena adherir al protocolo de Bullrich en Entre Ríos? Más productivo sería copiar a la provincia de Santa Fe que lanzó un programa de recompensas a quienes denuncien arsenales ilegales. Si se comprueba su existencia, esos premios irán de 10.000 a 250.000 pesos. Obviamente que el vecino mantendrá su anonimato. Más que habilitar a las fuerzas de seguridad para que anden a los tiros, el Estado debe bregar porque la gente se deshaga de las armas y eso se logra con concientización y trabajo de investigación.
Los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) indican que en el país 1,2 millones de personas poseen armas de fuego, aunque solo 300.000 de esos registros se encuentran vigentes, mientras que se estima que hay 3 millones de armas no registradas.
La supuesta mano dura que se quiere implementar nos llevará a más violencia, al caos. La copia que supuestamente se quiere hacer de Jair Bolsonaro para ganar votos solo nos perjudicará a los ciudadanos que somos los que ponemos el cuerpo. Al Gobierno hay que exigirle políticas de seguridad en serio. Como ser comprar patrulleros y tecnología que sirvan para prevenir el delito, no para actuar una vez consumado.