García: "Hay que llevar paz a las víctimas de abuso"

Un nuevo escándalo por presuntos delitos contra la integridad sexual de niños sacude a la Iglesia católica entrerriana. Ayer por la mañana, dos hombres de 30 años denunciaron al sacerdote Marcelino Moya por presuntas violaciones sufridas cuando eran monaguillos en la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay, a mediados de la década del 90.

La Unidad Fiscal de esta localidad inició la investigación luego de la publicación de los supuesto abusos sexuales en la revista Análisis la semana pasada. El procurador general, Jorge García, dijo al respecto a UNO: “Formalizamos las denuncias de las dos víctimas. La descripción es fidedigna y totalmente veraz, en el sentido de que no presenta ninguna característica de que esto no sea verdad, pero obviamente vamos a agregar todos los posibles elementos que den contexto de prueba a estos hechos”.

Moya será imputado por el delito de Corrupción agravada de menores, cuya pena es de 10 a 15 años de prisión, ya que el sacerdote era una autoridad religiosa sobre los chicos y adolescentes de la parroquia. A su vez, ahora se espera que el Arzobispado de Paraná inicie una investigación interna y adopte las medidas correspondientes.

García destacó la importancia de avanzar en la investigación ahora que las víctimas (que tenían entre 12 y 15 años al momento de los hechos)decidieron romper el silencio de tanto tiempo: “Los abusos se ocultan, y acá rige lo que ha estudiado mucho la psicología infantil o adolescente de lo que se llama los síndromes de acomodación: el chico no cuenta porque le da vergüenza. Además piensa que va a quebrar la unidad familiar, la tranquilidad social y sobre todo la culpa. Hay que superar la culpa de las víctimas: esto no pasó por culpa de ellos sino que esto es un abuso, un arrasar una niñez que no tenía por qué soportar estas cuestiones. Todo esto al ser puesto en el tapete por los medios de comunicación tiene un efecto muy importante para el descubrimiento de la verdad, que ya no se puede ocultar”.

Acerca de los pasos a seguir en la causa, el procurador explicó: “La Unidad Fiscal de Villaguay está estableciendo el contexto, ver quiénes estaban en el mismo sitio, quiénes se pueden acordar de esto, puedan convalidar la hipótesis de los denunciantes, hasta quiénes aparecen a raíz de esto como posibles víctimas también de esta situación”.

Consultado sobre el seguro planteo defensivo de prescripción de la causa por el paso del tiempo (casi 20 años), al igual que sucedió con los reclamos de Justo Ilarraz, García dijo: “Se presenta la paradoja de que cuando las víctimas pueden superar este trauma, teóricamente la acción individual estaría prescripta. Es casi una broma de mal gusto, macabra, que cuando esta persona puede lograr una vez sacar esa porquería de adentro, el Derecho le dijera ‘como vos no fuiste un héroe, acá no se puede investigar’”. 

A su vez, el procurador sostuvo la necesidad de “hacer algo muy sanador, que es responsabilizar a los autores y llevar paz a las víctimas y sus familias, y sobre todo evitar que otras personas en el futuro sufran el mismo ataque”.

Además, refirió que a diferencia del caso Ilarraz, en el caso Moya “no existe un compromiso de las autoridades eclesiásticas, porque esta es la primera vez que se conoce, así que imaginamos que va a existir toda la colaboración de parte de ellos”.

Por último, García marcó otra diferencia de esta nueva causa con la de los abusos en el Seminario Menor de Paraná: los tiempos. Como se sabe, Ilarraz estuvo más de dos años antes de ser citado a declaración indagatoria, que amplió la semana pasada durante más de seis horas. 

“El problema del caso Ilarraz es el contexto institucional, que entraba en una situación en el cual el Vaticano había ocultado y entorpecido absolutamente la posibilidad de la investigación, esto aquí no va a ocurrir”, dijo el procurador. Además, ahora la investigación se lleva adelante con el nuevo Código Procesal Penal, que acelera los tiempos.

En este sentido, ejemplificó con el caso de abuso de menores que le imputan al exfuncionario de la Municipalidad de Urdinarrain, Javier Broggi, cuya causa avanzó mucho más rápido y está a punto de ser elevada a juicio.