Financiamiento Universitario: el Gobierno tiene cinco días para cumplir con la ley

El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Si no lo hace, Cormick advirtió que aplicará astreintes –es decir, condenas pecuniarias– por cada día de demora.

Mientras las universidades van al paro, la estrategia judicial de Milei para no cumplir con la ley que ordena mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias parece destinada a naufragar.

Cormick dejó en claro que entendía que el Gobierno le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, escribió Cormick.

En octubre del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una batalla en los tribunales para que Milei cumpla con la LFEU. El 23 de diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar para que el Gobierno pagara lo que adeudaba. La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El 25 de junio pasado, la Corte ratificó –con su habitual parsimonia– lo que había resuelto Cormick.

Hace tiempo que la Casa Rosada viene intentando distintas maniobras para hacer que la medida cautelar se cayera. El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, que maneja Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el Gobierno iba a transferir 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios –21 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre–, iba a actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento y que iba a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el Gobierno presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y dijo que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el Gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del Gobierno no convenció al juez, que el 1 de septiembre rechazó la pretensión de la administración libertaria. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar regiría hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

Tanto el 1 como el 17 de septiembre hubo reuniones entre el Gobierno, gremios y universidades. En ninguno de los encuentros se llegó a acuerdo alguno.

La semana pasada, Capital Humano presentó un escrito en el que afirmaba que los sueldos docentes habían aumentado un 226,80 por ciento entre diciembre de 2023 y junio de este año.

Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez: que la única oferta que había hecho desde que comenzó la gestión fue la de junio y que ni siquiera había terminado de pagarla. Según los cálculos de las universidades, hay un desfasaje del 35 por ciento.

Por el momento, dijeron fuentes universitarias, no está prevista reunión alguna con Capital Humano. Pettovello y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, estaban tratando de recuperarse del impacto del fallo de Cormick, publica Página 12.

En las universidades sostienen que el ciclo lectivo 2027 corre riesgo si se aprueba el Presupuesto tal como lo mandó Luis “Toto” Caputo, ya que congelaría los salarios, ya pauperizados, y profundizaría el desfinanciamiento de las casas de altos estudios. En las próximas semanas, las universidades nacionales harán paros escalonados hasta llegar a la quinta marcha federal, convocada para el 15 de octubre próximo, para volver a reclamar desde las calles que Milei cumpla con la ley.