En un compás de espera por diálogo, ocupan otro terreno en Santa Elena

En medio de un fuerte clima de tensión social, con acusaciones y responsabilidades políticas entre los actuales bandos con mayor poder en la localidad, entre la necesidad y el uso de la situación, ya hay casi 150 familias que ocupan terrenos privados en Santa Elena.

Con la situación aún sin rumbo de solución por la toma de terrenos en el barrio Fátima, unas cuatro manzanas pertenecientes a la urbanización denominada Un lugar en el paraíso –en el norte de la ciudad–, por parte de casi un centenar de familias de la zona, ayer más de 30 familias decidieron intrusar otro lugar cercano de la zona noroeste.

Según las voces, algunos adjudican la situación a partidarios del propio intendente, Daniel Rossi, que supuestamente incumplió promesas de campaña; por el otro, se la endilgan al exjefe comunal Silvio Moreyra, enfrentado con el actual oficialismo. Hoy, el Concejo Deliberante está ocupado por ambos sectores.

Por el primer conflicto se intenta aún su resolución a partir del diálogo entre el municipio, propietarios y vecinos intrusos.

Esta idea es impulsada por el actual intendente de Bovril, Fabián Valenzuela, quien fue representante del grupo inversor que comercializó desde 2013 el amplio predio de barrio Fátima, las manzanas 274 , 275, 285, 286, 296 y 297, ubicadas entre calles 9 de Julio- Corrientes entre Guarumbá y San Lorenzo, y 9 de Julio-Belgrano, entre Guarumbá y General Artigas, a 200 metros de la nueva Costanera Alta.

Hasta el momento, los dueños –hay una decena de la localidad, pero la mayoría son de otras provincias que invirtieron para casas de fin de semana– solo se presentaron denuncias ante la comisaría. Ayer, Valenzuela confirmó a UNO que los damnificados aguardan que prosperen instancias de diálogo, antes de la judicialización.

Rossi, por su parte, se mantiene firme en la idea de que se trata de un conflicto de índole privado, por lo que los propietarios deben recurrir a la Justicia para salvaguardar su derecho de propiedad.

Por ahora, tanto en el predio de barrio Fátima como en el intrusado ayer conocido como “la chacra de los doctores”, en barrio 3 de Febrero, entre calles Mitre, Tratado del Pilar e Isla del Ibicuy, la Policía de Entre Ríos realizó controles y requirió documentación personal de las familias intrusas, mientras que Gendarmería observa o patrulla la zona.

En ese marco, el fiscal Facundo Barbosa se pronunció sobre el conflicto en el barrio Fátima, y aclaró que quienes deben pedir el desalojo son los dueños.

A tono con la postura y decisión pública del jefe comunal, sostuvo que no es correcto hablar de usurpaciones sino de intrusiones en los terrenos. “La usurpación tiene elementos muy específicos para su configuración, es decir, para que exista. Intrusar, por su parte, es ‘meterse’ en un terreno. Hablamos de intrusión. Este cambio de configuración no es un atenuante del delito, sino que la vía de resolución es distinta”, aportó.

“Si hay intrusión, es decir, un despojo de la posesión, la vía es el proceso civil, ante el Juzgado Civil, y de esta manera se obtiene lo que el Derecho reclama. No es necesario llegar hasta el momento de la sentencia, ya que todos sabemos que los procesos civiles toman tiempo, pero existen otras medidas, como las cautelares, quizás la restitución provisoria del inmueble o la conservación en el estado en que se encuentra hasta tanto se resuelva la situación”, mencionó.

En ese sentido, indicó que las medidas a tomar en Santa Elena dependerán de lo que decidan los denunciantes a través de sus asistentes legales. “Estuve asesorando a abogados de Santa Elena, allanando un poco el camino, sugiriendo que la Policía identifique a las personas que en este momento están en los terrenos. Pero todo va a depender, básicamente, de las estrategias legales y la posición que adopten los abogados de las personas damnificadas”, dijo en diálogo con FM Sol.

Sobre las acciones de armados de toldos y guardias permanentes en los terrenos y la celeridad de la Justicia, reiteró el papel de los abogados de los propietarios damnificados. En línea con lo expresado por la Municipalidad, que sostiene que no tiene injerencia en el conflicto, planteó: “En este tipo de situaciones es posible obtener resoluciones rápidas. Todo depende de la celeridad con la que trabaje quien asiste legalmente a una persona. Por eso siempre, a pesar de que uno trata de allanar el camino de los damnificados y brindando asesoramiento, todo depende del tiempo en que se tarde en solicitar la restitución de un inmueble. Por lo pronto, se han hecho denuncias en la comisaría por parte de los damnificados, pero no se ha efectuado un pedido de restitución al Juzgado de Garantías”.

Finalmente, se refirió a los alcances de la actividad de la Fiscalía, y dijo que no tiene competencia para un desalojo. Y agregó que conforme al artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, esa restitución es llevada a cabo a petición del damnificado.