En el último año la Nación redujo los subsidios al transporte público más del 50%

Por compensaciones tarifarias, y por el régimen de gasoil a precio diferenciado, las dos empresas de transporte urbano de pasajeros que prestan el servicio en la capital provincial recibieron por parte del gobierno nacional un total de 99.771.326,36 pesos durante el último año. Comparado con 2016, que acumuló un total de 216.472.246,83 pesos, representó una fuerte caída en el nivel de subsidios: el volumen de fondos enviados a las empresas ERSA y Mariano Moreno se redujo así a la mitad, en un contexto inflacionario, de mayores costos de los insumos, costos laborales, gastos operativos, entre otros. Esa situación se irá profundizando aún más para lo que resta del año, de acuerdo con lo que es la política de trabajo del gobierno nacional: las quitas de subsidios en los servicios públicos, como la energía eléctrica y el gas natural, están provocando un fuerte impacto a nivel social.

Las cifras avalan los reclamos de las empresas para lograr un boleto lo más alto posible. Pero fundamentalmente muestran un problema a futuro para la prestación del vital servicio.

En eso coincidió el concejal opositor, integrante del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) Enrique Ríos, quien si bien adhiere al proyecto que propone un congelamiento de tarifas que impulsó su sector –y que será tratado el lunes en sesión especial junto a otra iniciativa que impulsa un incremento más leve del boleto–, advirtió que en el actual rumbo el transporte público de pasajeros no tiene sustentabilidad.

"Así, vamos a un menor servicio, o a otro más caro", indicó. Es que la Nación, acorde al lineamiento ideológico que tiene el presidente Mauricio Macri, mantendrá esa línea de quita de subsidios. "Si en Paraná no buscamos otras alternativas de financiamiento, es muy difícil su viabilidad", razonó. "El Gobierno dice que ahora no se subsidia a las empresas de colectivos, sino a los usuarios a través de la SUBE. Pese a ello, el recorte es cierto", acotó.

Y justamente, para no caer en que el costo de esas quitas recaiga sobre el usuario –como está ocurriendo con las tarifas de luz y de gas– sugirió que hay que dar debate sobre ese tema, porque los inconvenientes no tardarán en llegar. Al paso que va la reducción de compensaciones, a fin de año el sistema no tendrá recursos, indicó.

Al respecto, marcó que de acuerdo con un estudio propio, implementar el sistema de estacionamiento medido para que funcione correctamente, podría representar un ingreso de 5 millones de pesos al erario público, que podrían destinarse a subsidiar al transporte. Vale decir que hoy no hay recaudación por el estacionamiento en las calles. En oportunidad de implementarse el sistema de estacionamiento medido durante la administración de Julio Solanas (2003-2007), el propósito era recaudar para solventar fondos al boleto estudiantil. Con el paso de los años su funcionamiento quedó totalmente desvirtuado y nunca pudo ser modificado o cambiado, pese a distintos proyectos.

Otras posibilidades –marcó el edil a UNO– podrían ser destinar partidas provenientes del cobro del derecho de andén, que pagan las empresas del transporte interurbano por el uso de la terminal de ómnibus; o incluso hasta los recursos del Fondo de la Soja. "Son vías o métodos alternativos para que los costos no recaigan sobre los usuarios, o en un incremento de las tasas", defendió.

Pese a la inflación y los mayores costos, los subsidios a las empresas en 2017 estuvieron casi en los mismos niveles alcanzados en 2013.

A las cifras de 2017 (99 millones de pesos) y de 2016 (216 millones), la estadística publicada por el Ministerio de Transporte de la Nación da cuenta que en 2015, ERSA y Mariano Moreno habían recibido 164.114.552,08 pesos; en 2014 fueron 125.430.503,47 pesos; y 86.882.785,07 pesos en 2013.

Durante 2017 a la firma ERSA le remitieron por los servicios en Paraná, 57.523.584,89 pesos, mientras que a Mariano Moreno le correspondieron 42.247.741,47 pesos.

Además de estos subsidios, el concejal Ríos recordó que las empresas reciben, por el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) un monto fijo establecido en el presupuesto municipal. El año pasado fueron unos 6 millones de pesos, y este año seguramente llegarán a 9 millones de pesos, aunque la cifra exacta tendrá relación con los valores que tendrán las tarifas, hasta fin de año.

Vale recordar también que el resto de los boletos subsidiados –como estudiantil, obrero, jubilado– se financian con parte de lo que se abona como tarifa plana. Es decir, con lo que paga el usuario que hoy abona 8,75 pesos de boleto general.

A raíz de la quita de subsidios de la Nación, las empresas ya están reclamando 10 millones de pesos por los recursos que el gobierno nacional les recortó en estos primeros cuatro meses. El planteo puede no tener base legal, pero explicita el desfinanciamiento del sistema.

Y también se abre una incógnita acerca de otros aspectos previstos en el pliego de licitación del servicio. Por ejemplo, en la renovación de la flota de unidades: Ríos ejemplificó que el 15 de julio las empresas debían presentar 30 nuevos colectivos. El nuevo valor del dólar, que en pocos días saltó de 18 a 25 pesos, tiene un fuerte impacto sobre estas operatorias comerciales.