La Cámara de Senadores debatirá este miércoles dos proyectos claves de la reforma judicial impulsada por el gobierno, que contemplan la ampliación y el voto popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura y la creación de tres tribunales de casación.
El Senado debatirá este miércoles la reforma al Consejo de la Magistratura
La sesión se realizará en forma paralela a otra reunión del pleno de la Cámara de Diputados, donde se abordarán las otras tres iniciativas de la reforma para democratizar la justicia referidas al ingreso a la carrera judicial, la publicidad del estado de las causas, y de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
Un día después, el jueves 18 de abril, los senadores volverán al recinto para debatir el proyecto de ley que regula las medidas cautelares.
De esta manera, el Congreso buscará avanzar antes de fin de mes con la sanción del paquete de leyes propiciado por el gobierno para democratizar la justicia, que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La sesión especial de este miércoles comenzará al mediodía, aunque el oficialismo será el responsable de obtener el quórum ya que la mayoría de los bloques opositores anunciaron que no asistirán para conformar el número de 37 legisladores necesarios para iniciar el debate.
De hecho, los opositores, con excepción de la salteña del peronismo federal Sonia Escudero y Samuel Cabanchik, no concurrieron a las reuniones plenarias de comisiones donde se firmaron los dictámenes para reformar el Consejo de la Magistratura.
El proyecto del Consejo de la Magistratura establece la elección popular de los jueces, académicos, y abogados, crea procedimientos para poder nombrar magistrados subrogantes y realizar concursos previos para cubrir eventuales vacantes.
Entre otros puntos, la iniciativa establece que se amplía de 13 a 19 los miembros el Consejo, con lo cual deberán ser elegidos por la ciudadanía los tres jueces, tres abogados y seis representantes de los ámbitos académicos o científicos, de reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias.
En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.
Otro de los aspectos centrales es la administración de los recursos ya que el proyecto establece que deberá ser el Consejo de la Magistratura quien deberá tener esa función, que ahora está en manos del presidente de la Corte Suprema, quien negocia los salarios con el gremio, que conduce Julio Piumatto.
Casualmente, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación convocó a un paro de 72 horas desde este miércoles, en rechazo a la propuesta de reforma del Poder Judicial, una medida que sorprendió porque siempre realiza medidas de fuerza solo para demandar por mayores salarios.
Ese mismo día, el Senado también debatirá la creación de nuevos Tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral.
Cambios en las cautelares
El secretario de Justicia, Julián Alvarez, propuso tres cambios al proyecto que regula las medidas cautelares y cuyo tratamiento está previsto para el próximo jueves en el recinto del Senado.
Tras los cuestionamientos del CELS y otras organizaciones a algunos aspectos de la iniciativa, Alvarez explicó que se incluirá el concepto de "vida digna" para los casos sujetos a excepciones de las nuevas limitaciones para la presentación de medidas cautelares contra el Estado.
En el texto que ya recibió dictamen favorable el jueves pasado en el Senado, se incluía como excepciones los casos en los que hubiere riesgo alimentario, de salud o de daños ambientales.
Otro de los cambios planteados por Álvarez está vinculado a la inclusión de un párrafo, en el articulado en que se menciona el plazo de seis meses prorrogable por otros seis de vigencia de una cautelar, que mencione que el juez debe estar "obligado" a dar celeridad al trámite.
La tercera modificación se refiere a los casos en los que esté amenazada la libertad sindical e indica que el Estado podrá interponer una cautelar contra una medida gremial sólo si afecta un servicio esencial, se concretó sin preaviso y si dictada la conciliación obligatoria no se está acatando.
El oficialismo deberá ahora determinar si incorpora los cambios en la sesión del próximo jueves en la que está previsto darle media sanción a la iniciativa para su posterior giro a la Cámara de Diputados.
Fuente: Télam













