El rol protagónico de Bordet para resolver el conflicto suscitado en Diputados

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, ensayó una lectura sobre el rol del gobernador, Gustavo Bordet, en el acuerdo para sancionar mañana la ley de reforma previsional, es decir una de las cláusulas contempladas en el Consenso Fiscal que firmaron el Poder Ejecutivo Nacional y 22 provincias argentinas. Según el funcionario "esto debe interpretarse en el contexto de la larga y traumática relación entre la Nación y las provincias de los últimos 25 años. En esta instancia los gobernadores tratan de obtener los mejores resultados posibles para las provincias que administran. Ello incluye por supuesto a Entre Ríos".

En su análisis Rodríguez Signes planteó que "entre 1992 y 1994 los gobernadores y el Estado nacional firmaron convenios marcados inexorablemente por la pérdida de recursos para las provincias". Y haciendo una cronología recurrió a algunos ejemplos. "Entre las pérdidas más importantes debe computarse la detracción de recursos provinciales a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) del 15% de la coparticipación primaria; además, la afectación del 15% del impuesto a las ganancias y el 11% del IVA con destino al Anses. Estos pactos se prorrogaron siempre hasta 2015 inclusive y dieron como resultado un fortalecimiento del Anses y un debilitamiento de los presupuestos provinciales, que pasaron a ser sitemáticamente deficitarios. Con más razón porque el gobierno nacional incumplió su obligación de financiar los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas bajo el argumento de que las provincias no 'armonizaban' sus sistemas con el nacional".

En su observación remarcó: "En noviembre de aquel año Santa Fe y San Luis obtuvieron sentencias favorables a las acciones judiciales entabladas contra la última prórroga establecida inconstitucionalmente en la Ley de Presupuesto Nacional de 2006. A partir de allí las provincias que no habían demandado lo hicieron, y se inició una negociación que culminó con un acuerdo, ratificado en junio de 2016 por la Ley Nº 27.650. Según ese acuerdo, la Nación restituiría el 15% de la coparticipación detraída en 1992 a razón del 3% anual desde 2016, hasta llegar a la restitución total en 2020. Eso significa que cada año Entre Ríos recibe alrededor de 1.000 millones de pesos, lo que hace un total de 5.000 millones al cumplimiento final del acuerdo, es decir, una suma equivalente al déficit del presupuesto provincial, o mayor. Sin duda que para las provincias aquel acuerdo de 2016 fue un paso adelante importante, en el sentido de reconquistar recursos".

La demanda de Vidal

En esa línea, el fiscal de Estado mencionó la demanda entablada por la provincia de Buenos Aires en reclamo por los Fondos del Conurbano, que de prosperar significarían 4.000 millones menos por año en el caso de la provincia de Entre Ríos. "Esa demanda, sustanciada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocó la movilización de gobernadores, ministros de Economía y fiscales de Estado, que veían como probable incluso la emisión de una medida cautelar en favor de Buenos Aires por parte del máximo tribunal del país. De prosperar esa demanda representaba un retroceso mayúsculo para las provincias, que perderían de una sola vez lo que habían reconquistado con el pacto de 2016".

"En ese contexto el gobierno nacional convocó al Consenso Fiscal, que aporta una solución al problema del fondo del conurbano pero sin detrimento de los presupuestos de las provincias, porque en definitiva el planteo judicial en sí mismo, establecido en el artículo 104 de la ley de impuesto a las Ganancias, se elimina y la reparación que obtiene la provincia de Buenos Aires es aportada por el gobierno nacional".

El sistema previsional Rodríguez Signes estimó necesario hacer una distinción entre el sistema jubilatorio nacional y el provincial, que administra la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. "Sobre este último régimen, el Consenso Fiscal firmado por el gobernador no contiene cláusulas de ajuste. Por el contrario, Bordet logró que el gobierno nacional se obligue a cumplir con el financiamiento de alrededor del 50% del déficit previsional sin obligación de armonizar el sistema con el nacional", ilustró.

De la misma manera marcó los vaivenes que se fueron dando en las negociaciones. "Desde 1992 el gobierno nacional se había obligado a financiar el déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas.

Pero esa obligación fue cumplida esporádicamente. Y desde 2012 hasta 2015 no financió ni un centavo con el argumento de que Entre Ríos no armonizaba el sistema. Armonizar quería decir aumentar las edades para acceder a las jubilaciones y pensiones y eliminar la movilidad del 82%", consignó en un escrito enviado a UNO. "Al firmar el Consenso Fiscal, Bordet logró imponer que se eliminaba el compromiso de armonización, pero se mantenía la obligación del gobierno nacional de financiar parte del déficit previsional provincial. Algo impensable en los últimos 10 años", destacó.

El Consenso Fiscal en tratamiento contiene, entre otras disposiciones, la de modificar el sistema de movilidad de las jubilaciones y pensiones, pero esa reforma en modo alguno afecta el sistema previsional de Entre Ríos, que administra la Caja de Jubilaciones y Pensiones. "Como regla general, el artículo 63 de la Ley Nº 8.732 de la Provincia establece: "El haber de la jubilación ordinaria, o por incapacidad, será equivalente al 82% del promedio de la remuneración mensual percibida por el afiliado durante los últimos 10 años inmediatos anteriores al momento de la cesación en el servicio. Este promedio se calculará tomando los valores de las remuneraciones vigentes al momento del cese de los cargos que el agente desempeñó