Cambiemos denunció penalmente a Fernández por "abuso de autoridad"

Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra Alberto Fernández por “abuso de autoridad” por la intervención de la empresa Vicentin, anunciada ayer por el Presidente en Casa Rosada, lo que tensiona aún más la relación entre el oficialismo y la oposición en torno a la sorpresiva medida.

“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, los legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.

Ayer por la noche, los bloques de Juntos por el Cambio del Senado y de Diputados difundieron un comunicado oficial en el que sentaron posición tras el anuncio presidencial que dio cuenta de la intervención de la firma agroexportadora y del envío de un proyecto de ley de expropiación de la misma. “Es ilegal, peligrosa e inconstitucional”, resaltaron los senadores y diputados opositores.

Según la presentación judicial, el decreto 522 publicado hoy en el Boletín Oficial viola los artículos “17, 18, 29, 75 inciso 12, 75 inciso 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional”.

“La norma que pretende otorgarle tales facultades está vedada por el texto constitucional, que prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno. Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia”, resaltaron los diputados, según el texto al que accedió este medio.

Apenas el jefe de Estado terminó de anunciar en la tarde de ayer la intervención, en compañía del ministro Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y el ingeniero Gabriel Delgado -que se hará cargo de dicha intervención-, fueron varios los dirigentes de Cambiemos que salieron a rechazar en forma contundente la medida en las redes sociales.

Entre ellos, Petri -uno de los autores de la denuncia-, el diputado Luciano Laspina y el ex senador Federico Pinedo. Después se conoció la posición oficial de los interbloques opositores en el Senado y Diputados, y atrás fue un aluvión de rechazos. En su mayoría, en duros términos.

“En caso de existir algún tipo de actividad delictiva, en mérito a la causa 560/2020 en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina, al Juez a cargo de ese tribunal le compete garantizar la prueba y hacer cesar la comisión del delito. Tampoco en esta área, el Poder Ejecutivo puede interesarse, salvo a través de los órganos pertinentes, en caso de corrupción”, abundaron los siete legisladores en la denuncia en alusión a la frondosa deuda que la compañía mantiene con el Banco Nación, su principal acreedor.

“La decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno, pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal mencionado. Por lo expuesto, la lisa y llana decisión de intervenir la gestión de la empresa en cuestión resulta violatoria del proceso concursal y de las normas constitucionales mencionadas”, sostienen los diputados en la presentación.