El derecho a la identidad

Marcelo Comas/De la Redacción de UNO
Casi escondida detrás de su largo cabello lacio, escuchando atentamente la palabra de su abogada, la joven asistía al relato de su historia, una especie de autobiografía de su pasado reciente. Su infancia en Seguí la marcó para siempre, tanto que hoy pelea por recuperar el apellido materno que le fue arrancado por un hombre que la engendró, pero a quien nunca reconoció como padre.
Se crió en un entorno familiar violento, cuya principal víctima era su madre, su único sostén y el de sus otros ocho hermanos. Con las heridas que arrastra de aquella etapa oscura, esta adolescente de 14 años -a la que se identificará en este artículo con un nombre imaginario- otorgó un poder en setiembre de este año a la abogada Silvana Zufiarre para que se promueva una demanda por Supresión de Apellido Paterno e Inscripción de Apellido que se presentó ante un Juzgado de Familia de la ciudad de Paraná.
El caso, que fue abordado por UNO, abrió el debate acerca de las atribuciones que el nuevo Código Civil y Comercial otorga en materia de derechos para adolescentes. Es que desde la puesta en vigencia de este instrumento legal, el de la joven María L. se configura como uno de los primeros casos en que un adolescente inicia acciones contra sus progenitores cuando existen intereses contrapuestos.
María L. recurrió a esta vía no por una imposición de su madre ni tampoco por presiones externas, sino por una necesidad de llevar un apellido que la identifique con el entorno en el que está viviendo y con el que se relaciona cotidianamente. Es que de hecho lleva el apellido materno desde que nació en 2001, y desde aquel momento ya no tenía ningún tipo de vínculo ni de contacto con su padre biológico.
Lo que originó esta demanda en la Justicia fue la decisión en 2009 de Andrés L. (se elegirá ese nombre imaginario para su padre) de reconocer voluntariamente a la chica en el Registro Civil de Paraná sin en el consentimiento de la madre de esta. Este hecho, que primero comenzó a circular como versión en el pueblo, generó la indignación entre familiares de la joven y de ella misma, que comenzó a padecer problemas de salud de diferente índole y hasta tuvo que encarar un tratamiento psicológico en enero de 2013.
Por si fuera poco, los procesos judiciales vinculados a episodios de violencia de género y familiar en los que se vio involucrado su padre–por los cuales cumple una condena en la Unidad Penal N˚1 de Paraná- , hicieron que se acrecentaran sus malestares físicos y psíquicos.
La pretensión de suprimir el apellido paterno fue debidamente fundamentada por la abogada que representa a María L. con profusa doctrina jurídica y legislación vigente sobre el tema, entre las que se puede citar a la Ley del Nombre N° 18.248, los tratados de derechos humanos con rango constitucional y basándose en el principio de inmutabilidad. Todos argumentos que convalidan su petición, ya que según sostiene la doctora Zufiarre, en la demanda en cuestión “no se trata de desechar su realidad biológica, sino de evitar llevar el apellido del progenitor, con quien no se identifica ni tiene relación alguna, atento a la carga sentimental que le produce diariamente llevar una identificación personal que no se condice con su historia personal”.
María L. con su valiente decisión está marcando un camino para otros pares, aunque lamentablemente la Justicia no haya acompañado -por ahora- con la seriedad que requiere una cruzada de este tenor.