Diputados de Cambiemos pidieron informes a Provincia por un plan que es nacional

Los diputados provinciales del bloque Radicales en Cambiemos presentaron un pedido de informes al gobierno provincial a raíz de un allanamiento que el Poder Judicial ordenó en un galpón ubicado en Paraná, donde se constató la acumulación de mercadería destinada a la asistencia social.

Los diputados opositores pidieron que el Ejecutivo informe sobre las medidas judiciales tomadas por el Ministerio Público Fiscal en un galpón ubicado en el barrio San Agustín, donde se constató “acopio de mercadería y alimentos destinados a la asistencia social por parte del gobierno provincial”, según explicaron.

Los radicales indicaron que quieren saber “qué medidas se han instruido para determinar la procedencia de las mercaderías y la responsabilidad de los funcionarios provinciales y/o mecanismos de control, como así también qué dirigentes sociales recibieron y acopiaron los alimentos, omitiendo su distribución”.

Lo extraño es que, de acuerdo a la respuesta a ese pedido de informes, el galpón no depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia sino de la cartera nacional que encabeza Carolina Stanley.

“El inmueble (galpón) ubicado en calle Stearns del barrio San Agustín de la ciudad de Paraná no pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. El único depósito de este Ministerio en la ciudad de Paraná, destinado a alimentos, se encuentra en avenida Ejército Argentino Nº 1999. En este lugar se realizan periódicamente controles ambientales, de seguridad alimentaria y de manejo integral de plagas”, se indicó.

Además se señaló en la respuesta: “... las instalaciones cuentan con seguro contra incendio contratado a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser)”.

En el mismo documento se señala que las autoridades de la cartera de desarrollo social provincial mantuvieron una reunión “con el fiscal Juan Malvasio, a cargo del legajo caratulado David Ricardo Francisco /su denuncia, N° 109.140, quien aclaró que la procedencia de la mercadería que es objeto de investigación por la Fiscalía a su cargo es del Ministerio de Desarrollo Social de Nación”.

En ese encuentro, el fiscal informó que libró dos oficios dirigidos a ese organismo nacional a fin de constatar el envío de los alimentos y todo otro dato relevante para su investigación; ambos oficios, hasta la fecha, no fueron respondidos por las autoridades nacionales.

“Como detallamos con anterioridad y según lo recabado en el Ministerio Publico Fiscal; y que consta en el legajo David Ricardo Francisco/Su denuncia, N°109140, las partidas provienen del Estado Nacional, motivo por el cual es ese organismo quien ejerce el control sobre esos alimentos”, se aclaró.

Zavallo, al cruce

El diputado provincial Gustavo Zavallo se refirió al pedido de informes de los diputados radicales y señaló que “es de público conocimiento que el galpón no es de la Provincia y los alimentos se envían en el marco de la emergencia social, declarada por una ley nacional que se votó por amplia mayoría en 2016. La ley habilita a las organizaciones intermedias como iglesias, sindicatos, a solicitar módulos alimenticios. Es similar al proyecto de ley que se aprobó esta semana en la Cámara baja y que le brinda al Estado nacional herramientas administrativas para resolver situaciones de emergencia, en este caso referidas a las alimentación de los sectores más vulnerables”.

Zavallo indicó que ante un derecho que no puede garantizar el Estado nacional, “como es la alimentación, habilita a estas organizaciones a administrar y distribuir estos recursos. Por lo tanto, el informe se lo deberían solicitar al gobierno de Mauricio Macri, que es quien envía los alimentos”.

Igualmente instó a los opositores a “hacer una oposición responsable estudiando los temas e informándose antes de hacer cualquier cosa para tener un poco de repercusión mediática. Sería una gran contribución para la democracia”.