El ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, participó este martes de la reunión convocada por el equipo económico del gobierno nacional a los representantes de las ocho provincias que están en proceso de reestructuración de su deuda en dólares. El titular de la cartera económica en Entre Ríos expuso la situación de la Provincia a partir de la demanda que enfrenta en tribunales neoyorquinos, presentada por acreedores del Bono ER25 en el marco de las negociaciones por la reestructuración de su deuda en dólares.
Deuda: Ballay expuso ante Nación la situación de Entre Ríos
El ministro de Economía asistió al llamado de la Rosada para unificar criterios de negociación de deuda de provincias. Entre Ríos afronta demanda por default.
13 de enero 2021 · 07:58hs
Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
Ballay participó de la reunión convocada para discutir deuda de provincias.
Ballay destacó la “convocatoria del gobierno nacional en apoyo a las provincias que afrontamos el proceso de reestructuración de la deuda en dólares con los acreedores externos”, y ratificó que “la decisión del ministro (Martín Guzmán) y del presidente (Alberto Fernández) es trabajar de manera conjunta para llegar a acuerdos que beneficien a los argentinos y, en este caso particular, a las y los entrerrianos”.
Ballay resaltó que “hay diferencias sustanciales en las situación de cada una de las jurisdicciones. Hay provincias como Córdoba, que acordó la reestructuración de su deuda; hay provincias que tienen su bono con garantías en regalías petroleras; y dentro de las que no poseen este tipo de garantías se encuentra Entre Ríos, con un reciente proceso judicial”.
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En esa línea, el ministro de Economía ratificó que “la decisión del gobernador Gustavo Bordet sigue siendo mantener los canales de diálogo abiertos para encontrar un acuerdo que sea satisfactorio para nuestra provincia”, y reiteró que “vamos a defender los intereses de las y los entrerrianos en todos los ámbitos donde sea necesario”.
Acompañaron a Ballay el secretario de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola y el asesor legal del Ministerio de Economía, Lisandro Luna De Luca.
El Ministerio de Economía convocó este martes a ministros provinciales para repasar los principios de sostenibilidad de la deuda que siguió el gobierno nacional en su reestructuración y coordinar acciones en el proceso de renegociación que llevan adelante sus jurisdicciones.
Los funcionarios nacionales enfatizaron la necesidad de "respetar los principios de sostenibilidad de la deuda trazados por la Casa Rosada, que constituyeron la base de la reestructuración de la deuda soberana en 2020".
La reunión estuvo encabezada por el titular de la Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias, Rafael Brigo y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Mariano Sardi. Además de Ballay, participaron los ministros de Economía de Buenos Aires, Pablo López; Chaco, Maia Woelflin; Jujuy, Carlos Alberto Sadir; La Rioja, Jorge Quintero; Salta, Roberto Dib Ashur; y Tierra del Fuego, Guillermo Fernández. Por Córdoba participó el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano.
Demanda en Nueva York
Entre Ríos es la primera provincia en afrontar una demanda en los tribunales de los Estados Unidos por no haber logrado reestructurar su deuda a tiempo y evitado el default. Un grupo de bonistas inició un reclamo en un juzgado de Nueva York con el argumento de que el gobierno provincial tiene “una sólida posición fiscal” pero no la utiliza para saldar sus obligaciones. La deuda impaga es de aproximadamente 22 millones de dólares.
El reclamo judicial es impulsado por el comité Ad Hoc de tenedores de los Bonos ER25, emitidos en 2017 por un total de 500 millones de dólares.
Los acreedores rechazaron el último ofrecimiento de la administración de Gustavo Bordet, que consistió en pagar capital (es decir, no incluye intereses) en agosto de 2024, un año antes de lo previsto anteriormente y agregar cuotas, de 12 a 15, en un cronograma que se extendería hasta 2031. La Provincia también había propuesto no pagar intereses en 2020 y 2021 y empezar a hacerlo a partir de 2022, con porcentajes menores (entre 5 por ciento y 7,5 por ciento) a los fijados cuando se contrajo la deuda en 2017 (8,75 por ciento).
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Después de conocerse la noticia de la demanda, la Provincia salió a aclarar su posición y en un comunicado aseguró que "no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras–" y su relación entre recursos en dólares y deuda en dicha moneda "sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión".
"La variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%", explicó la Casa Gris, que ratificó su voluntad de pago y cuestionó la judicialización de la negociación. "La intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo", sentenció el comunicado oficial.