Desde el STJ respondieron a la fiscal Cecilia Goyeneche

Cecilia Goyeneche, fiscal Anticorrupción de Entre Ríos y procuradora adjunta, quien interviene en el juicio por presuntos hechos de corrupción en el que está acusado el exgobernador y actual embajador en Israel Sergio Urribarri, denunció en una entrevista que el impulso de un jury en su contra para removerla proviene del “urribarrismo” y que el actual gobernador Gustavo Bordet “no puede estar ajena a esto”.

"Está en juego la independencia del Poder Judicial en la provincia. Es además un mensaje a todos los que vienen después, esto tiene un significado claro de cuál es el precio que tienen que pagar los que atreven a investigar", dijo al diario La Nación.

Ante esto, los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos, emitieron este viernes un comunicado conjunto donde expresaron que se trata de "operaciones mediáticas y declaraciones corporativas carentes de objetividad y veracidad".

En el escrito mencionaron que "el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos está constitucional y legalmente integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y dos abogados de la matrícula provincial, con domicilio real en Entre Ríos, que reúnan las condiciones requeridas para ser integrante del Superior Tribunal de Justicia".

Agregaron que conforme al artículo 218 de la Constitución de Entre Ríos, es el órgano que tiene a su cargo resolver las acusaciones que se formulen contra magistrados/as y funcionarios/as por faltas o delitos cometidos en ejercicio de sus funciones.

En el caso particular del funcionariado del Ministerio Público, aclararon que el Jurado de Enjuiciamiento "es el único órgano de control de la actuación funcional" de los integrantes de las fiscalías, en tanto y en cuanto exista una denuncia fundada al respecto. Además expresaron que "su procedimiento está signado por la peculiaridad de un brevísimo plazo perentorio para su conclusión, razón por la cual no puede el Jurado especular con las fechas de apertura y tramitación de las denuncias que se presenten, bajo sanción de caducidad del proceso".

Asimismo, los jueces del STJ indicaron que en todos los casos, si se adopta la decisión de suspender al magistrado o funcionario acusado, "el Poder Judicial o, en su caso, los Ministerios Públicos disponen de las herramientas necesarias para proveer lo pertinente a fin de no entorpecer, dilatar ni impedir el trámite y decisión de las causas donde intervenga la persona acusada, como tampoco la trascendencia de estas causas podrán entorpecer, dilatar ni impedir la libre actuación del órgano constitucional de control ni el dictado de la resolución definitiva fundada en los hechos y en las pruebas legalmente incorporadas al enjuiciamiento con pleno control y absoluto respeto del derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.) ejercido dentro del proceso y conforme a las reglas del procedimiento legalmente establecido”.

“Es por ello que los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Superior Tribunal de Justicia, frente a recientes operaciones mediáticas y declaraciones corporativas carentes de objetividad y veracidad relativas a la tramitación de denuncias respecto de las cuales aún no se ha dictado siquiera resolución de admisión de ellas y apertura de causa, y resultando atentatorias contra la credibilidad de las instituciones vigentes y que menoscaban la propia 'independencia' del Poder Judicial que declaman defender, nos vemos obligados a efectuar la presente aclaración a fin de ilustrar e informar debidamente a la ciudadanía sobre el particular”, remarcaron.