Debaten cómo mejorar un organismo de control de detenidos

En la Legislatura de Entre Ríos hay un debate sobre el tratamiento que se le debe dar a la creación de una nueva estructura estatal conformada por ocho funcionarios que percibirán el sueldo de director. Hubo una ley que propiciaba la apertura del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en la actualidad el oficialismo avanza con la idea de ajustar algunos puntos discutibles.

Lo cierto es que en los últimos días, sectores ligados con los Derechos Humanos y el kirchnerismo en Entre Ríos, no están de acuerdo con las modificaciones que el propio peronismo quiere analizar en la Cámara de Diputados.

Desde el bloque del oficialismo se hizo saber a UNO que la "idea se mantendrá, ya que es muy importante que existan los controles y monitoreos". Lo que sí genera debate, es que en estos tiempos de crisis se disponga ampliar el Estado con la creación de una organismo creado por ocho personas para controlar el funcionamiento de las nueves cárceles de Entre Ríos, y supervisar denuncias hacia personal policial o del servicio penitenciario.

"Gran parte de los legisladores oficialistas comparten el diseño de control creado por la ley, pero se entiende que lo idea es que exista un responsable que pueda cobrar un sueldo importante, y que se integren distintos sectores de la sociedad a participar del mecanismo de control, pero sin percibir ningún tipo de emolumento", se explicó desde la Cámara de Diputados.

En la iniciativa que se impulsa con la firma de Juan Navarro y otros legisladores, se buscan modificar y ajustar algunos puntos de la ley, tal es reducir al máximo el costo de la creación de esa nueva estructura, y agilizar el funcionamiento con un consejo asesor ad honorem que serán elegidos por los sectores que están interesados en este mecanismo de creación.

"El rol del Mecanismo se cumplirá y el objetivo estará salvado", se alertó, para lo cual se garantizará un presupuesto adecuado para su funcionamiento que permita el traslado, viáticos y otras erogaciones de los asesores del organismo.

Se dieron algunos ejemplos, para tener en cuenta. A nivel nacional, el organismo para controlar este tipo de delitos, tiene una composición de 12 empleados jerarquizados para monitorerar todo el país. "Sería un dislate nombrar ocho personas solo para Entre Ríos", se explicó.

En tanto, se aclaró en base a algunos comentarios vertidos en las últimas horas, que "desde Nación con sus organismos especializados, han destacado el buen nivel de trabajo y acción del Gobierno de Entre Ríos en relación al servicio penitenciario. Para el cual existen problemas que se encuentran controlados, pero que ni se acercan a lo que ocurre en otras jurisdicciones del país donde hay descontrol y preocupación por lo que ocurre dentro de las cárceles".

"En Entre Ríos se cumplen con todas las políticas de Derechos Humanos y de control y sanción hacia el personal policial o del Servicio Penitenciario, que es sancionado o debe rendir cuentas en la Justicia", se aseveró desde la Legislatura.

En la recolección de fundamentos que se encuentran los legisladores del peronismo, se recordó que tanto el Consejo de la Magistratura como el Jury de Enjuiciamiento, está creados con el mínimo personal, y funciona con integrantes nombrados por sectores de la comunidad que no perciben ningún sueldo del Estado.

Además, se recordó que a nivel país, el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes solo fue creado en cinco estados, e incluso no funciona en las provincias de Santa Cruz o Buenos Aires.

Finalmente se recordó que sobre el funcionamiento del Sistema Penitenciario, hay controles permanentes y regulares de la Justicia de Ejecución de Penas, de los Juzgados de Garantías, del propio Superior Tribunal de Justicia y de la Defensoría General.