El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura una ley de emergencia en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional que tendría vigencia por un año, en caso de ser aprobada.
Covid-19: tratarán ley de emergencia económica con un año de vigencia
Tendrá un impacto de unos 2.200 millones de pesos. Se sube el aporte previsional de los sueldos más altos y aportarán las jubilaciones elevadas.
26 de junio 2020 · 21:00hs
Al momento de comunicar la novedad, se indicó que la norma se presenta “a raíz de la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social, el Poder Ejecutivo propone a la Legislatura una serie de medidas con criterios de progresividad y solidaridad”.
La norma tendría un impacto, durante su año de vigencia, de unos 2.230 millones de pesos aproximadamente, que aliviarían al Estado provincial ya sea en mayor recaudación o en disminución de gastos. Para tener una idea de lo que ello significa, sirve la comparación con el monto que se necesita para hacer frente al pago del medio aguinaldo, que es de 4.000 millones aproximadamente. El medio aguinaldo se pagaría de igual manera que en la Nación, hasta un determinado monto en un solo pago, ya sea para quienes lo cubra completo o para quienes cobren más que eso. Para el segundo grupo, el dinero restante se abonaría en cuotas.
De acuerdo a lo que informó el gobierno provincial, el objetivo de la ley es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia.
La iniciativa, que ingresó por la Cámara de Diputados y podría tratarse a mediados de la semana que viene, declara el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, y se aplicará al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial. “Se procura un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva”.
En ese marco, el proyecto dispone que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas, que constituyen el 3% de las partidas catastrales en toda la provincia, por lo que el universo alcanzado es de escasa magnitud.
Por la modificación de la base imponible para los tributos que pagan las entidades financieras, se espera contar con 350 millones de pesos extra, que surgen de calcular los impuestos sobre el total del dinero que manejan y no solo sobre las ganancias. En tanto, del aporte de los grandes propietarios de campo surgirían 160 millones de pesos.
Además se equipararán los tributos de la venta mayorista de medicamentos (droguerías) a los de las provincias de la Región Centro, elevando la alícuota del 1,6% al 4%, con lo que se conseguirían otros 270 millones.
La ley también propone un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional.
Ese incremento comprenderá sólo al 15% de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estado, es decir, quienes perciben los haberes más altos. Para ellos los aportes serán del 4%, para las jubilaciones que van de 75.001 pesos hasta 100.000. De 100.001 a 200.000 pesos el aporte será del 6%; de 200.001 a 300.000 pesos, el aporte será del 8%; y para quienes cobran por encima de 300.000 pesos, del 10%.
En la amplia mayoría de los casos el volumen de ese descuento se ve atenuado porque implica una reducción del monto sobre el cual se calcula el pago del impuesto Ganancias. El único sector que no tendrá ese beneficio indirecto es el del Poder Judicial, cuyos integrantes y también los jubilados gozan del privilegio de no pagar Ganancias
El impacto económico que se lograría con esta medida es de aproximadamente 720 millones de pesos.
En tanto, en el sector activo el incremento del aporte previsional, que es del 16%, afectará a quienes perciban más 75.000 pesos. Se incrementará hasta un 18%, 20% y 22% para quienes cobren hasta 100.000 pesos, 200.000 pesos y más de esa suma respectivamente. Al igual que en el caso de los pasivos, el aumento del aporte a la Caja de Jubilaciones aligera parcialmente la carga de Ganancias.
Finalmente, se consigna que ningún organismo ni ente descentralizado del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial podrán incrementar sus haberes por fuera de los acuerdos paritarios que el gobierno defina con los gremios.