Concejales de Santa Fe aprobaron una ordenanza que prohíbe la instalación y habilitación de whiskerías o cabarets en esta capital con el fin de prevenir situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual.
La edil del Frente Progresista Cívico y Social, Adriana Molina, autora del proyecto, explicó que "esto no apunta contra la prostitución porque no es delito, sino contra la explotación sexual".
"Aprovechamos que ahora no hay ninguna whiskería habilitada con esa figura para sancionar la ordenanza", señaló la concejala radical.
Además, destacó en diálogo con radio LT 9 que anoche junto a ese proyecto el Concejo aprobó "otras dos ordenanzas más contra la trata de personas".
Entre los tres proyectos avalados por el Concejo figura otro elaborado por Molina para la creación de un "Voluntariado Social Municipal sobre Trata de Personas y Violencia de Género", que busca incentivar la participación solidaria de jóvenes y adultos en la temática, difundir información vinculada al delito y desarrollar talleres para brindar diferentes perspectivas.
El tercer proyecto aprobado fue presentado por el concejal peronista Juan Carlos Cesonique, que dispone la constitución de una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Lucha contra la
Trata de Personas y Explotación Sexual y Recuperación de sus Víctimas.
Esta ordenanza fue elaborada para coordinar planes, programas y acciones interdisciplinarias tendientes a una mejor asistencia médica, psicológica y jurídica, y a la protección y contención social inmediata a personas víctimas de la explotación sexual y a su entorno familiar.
Las normas fueron aprobadas por unanimidad, lo que destacó la confluencia del oficialismo y la oposición en el acuerdo para la lucha contra la trata de personas en la ciudad.
En el proyecto que prohíbe la habilitación de whiskerías se extendió a la eliminación de una ordenanza de Espectáculos Públicos del Reglamento de Ordenamiento Urbano respecto a la forma en que se presentaba a algunas boites y salones de fiestas y ordenó a la municipalidad garantizar el cumplimiento de la ordenanza.
En su exposición de ayer en el Concejo, Molina resaltó que con la identificación de los locales montados para captar mujeres que se desempeñen como alternadoras o sean obligadas a la explotación sexual era "necesario distinguir la prostitución, que no es una contravención".
En ese sentido, sostuvo que "hay muchas mujeres que entienden que ejercer la prostitución es un trabajo y debemos aprender a respetar la individualidad".
"La prostitución jurídicamente no es un delito", insistió, y señaló que por eso "se ataca y suprime la figura de locales porque allí se puede facilitar la trata y explotar sexualmente personas, lo que sí es delito".