La causa Ilarraz, que puso en jaque a las principales autoridades de la Iglesia de Paraná, tendrá un segundo capítulo, a partir de la demanda civil que presentó una de las siete víctimas de abuso. Se trata de una presentación, que además del condenado Ilarraz, además involucra a los prelados Estanislao Karlic, Juan Alberto Puiggari y su secretario privado, Mario Gervasoni. Otro de los curas que será citado es Gabriel Batello. Según pudo confirmar UNO, el jueves se realizó la primera audiencia de mediación que presidió el abogado Iván Pesuto y que reunió a todas las partes: la abogada que representa a la primera víctima, Evangelina Bartoli, y también hicieron lo propio los asesores legales de Karlic, Puiggari y Gervasoni. Se informó que oportunamente se notificará al representante de Ilarraz.
Causa Ilarraz: se puso en marcha demanda civil por abusos
Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
La víctima que impulsó este planteo, que en principio no sería el único, recordó que su intención es lograr una reparación integral, es decir que la Iglesia asuma los daños ocasionados, en este caso a través de un resarcimiento económico.
Luego de esta primera audiencia, se acordó un nuevo encuentro que se realizará el 2 de diciembre.
La instancia civil era una posibilidad que manejaron desde el principio los sobrevivientes de abuso. Se tuvo la prudencia necesaria para avanzar recién luego de la condena histórica a 25 años que recibió Justo José Ilarraz.
Una vez que el tribunal de juicio llegó a la certeza de los abusos y la corrupción de menores ejecutada por Ilarraz cuando era prefecto del Seminario de Paraná, algunos de los denunciantes abrieron el camino de la instancia civil.
Ilarraz no solo fue condenado en primera instancia –cumple con prisión preventiva en un departamento céntrico de Paraná– sino que la sentencia resultó ratificada por la Cámara de Casación Penal en 2019, donde entre las conclusiones más salientes se estableció que la Iglesia había encubierto los abusos del cura durante sus años en el Seminario. “Ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”, alegó en su voto el vocal Alejandro Cánepa.
En la misma resolución se atacó la investigación diocesana que había ordenado el cardenal Karlic y que luego derivó en la sanción aplicada a Ilarraz, consignó Entre Ríos Ahora.
“Las personas a quienes les fue confiado el ‘secreto’ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”, se recalcó en el fallo.
El caso llegó a la Corte Suprema donde se deberá resolver un recurso extraordinario federal, impulsado por la defensa Ilarraz.