Bordet enviará a la Legislatura varios proyectos para modernizar la administración

El gobernador, Gustavo Bordet, anunció ayer que impulsará una serie de medidas para mejorar el funcionamiento de la administración pública, en lo que se entiende como la lógica continuidad de la gestión buscando aceitar las estructuras administrativas para su siguiente mandato.

Según se informó los proyectos apuntar a agilizar y dar más transparencia a la administración pública provincial. “El Estado necesariamente tiene que ir reconfigurándose y adecuándose a la exigencia en la sociedad a la cual tiene que responder. Una cosa que se advierte como necesaria para el futuro es adecuar los procesos administrativos, incorporando tecnología, notificaciones electrónicas, despapelización y, sobre todo, que el Estado pueda dar una respuesta con velocidad frente a los reclamos, sea de la ciudadanía o de los propios empleados públicos”, sostuvo luego de la reunión la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

La funcionaria se refirió a la implementación del juicio por jurados. “No es un tema menor. No es nada más ni nada menos que la participación ciudadana en la administración de justicia que sería planteada con 12 jurados ciudadanos. Mitad mujeres y mitad varones que juzgarían los delitos penales que tengan una pena prevista de más de 20 años de prisión. Es decir, los delitos más importantes y que más afectan a la vida de las personas de Entre Ríos. Hay siete provincias argentinas que ya implementaron el sistema y nosotros empezaremos a debatirlo. El gobernador tiene pensado enviar prontamente un proyecto de ley a la Legislatura”, explicó.

El mejoramiento del proceso de compra fue otro tema abordado en la reunión de gabinete que se hizo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. “A veces son demasiado lentos los procesos para los cuatro años de una gestión y a veces no estamos contemplando en las normas vigentes las cosas que pasan afuera, en la macroeconomía. Por ejemplo, una estampida del dólar o una estampida inflacionaria nos hace tener que recomenzar procesos de licitación que ya hemos iniciado”, precisó la ministra.

En ese marco, Romero explicó que lo que se plantea es “generar una comisión que extienda una resolución conjunta donde se debatirá cómo se adecuan y contemplan las situaciones especiales. Hablamos de reconducir los procesos”, indicó.

Para Romero, el Estado “tiene que adecuarse a los requerimientos ciudadanos, ya que estos no conocen de la espera de meses para lograr la concreción de una obra; pero también hay que decir a la ciudadanía que el Estado no puede hacer las cosas sin un registro, porque eso hace a la transparencia. Entonces hay que buscar conjugar transparencia y procedimientos que le den la garantía al ciudadano de que las cosas se hacen bien, con la rapidez reclamada”.

En resumen, se trata de la reforma de Procedimientos Administrativos, el Juicio por Jurados, la modificación de la Ley de Policía y Código de Faltas, la modernización del sistema de compras y licitaciones en el Estado, un nuevo sistema de sumarios administrativos y la reforma de la ley de Procedimientos Constitucionales

Se señaló que todos los proyectos tendrán ingreso a la Legislatura este año, antes del recambio de diciembre.

Organismos de control

El ministro de Economía, Hugo Ballay, explicó: “Las modificaciones pretendidas surgen de un trabajo que venimos haciendo en forma conjunta, para lo cual suscribimos una resolución conjunta donde vamos a convocar a los otros ministerios y organismos de control, como la Contaduría y la Fiscalía, para tratar de readecuar leyes que evidentemente quedan viejas en el tiempo y fundamentalmente en procesos de la economía actual, procesos inflacionarios donde el tipo de cambio tiene una variación que hace difícil de aplicar este tipo de normas (...) Por eso vamos a hacer un trabajo, como lo marca siempre el gobernador, sentados todos en la mesa los organismos de control y los que participamos del Ejecutivo para lograr la mejor adecuación”, adelantó.

Participaron de la reunión el vicegobernador, Adán Bahl, funcionarios provinciales y legisladores nacionales.

Juicio por jurados

El proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato constituyente nacional originario, establecido en 1853, y también del artículo 122 de la Constitución de Entre Ríos, en el mismo sentido.

Se propone una forma de juzgar un delito grave, en el que 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones de un juez, deciden si el acusado es culpable o no.

Este procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que le da la norma, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo. El proyecto prevé que en Entre Ríos se juzguen por jurado los delitos más graves del Código Penal, los que tengan una prisión en abstracto superior a los 20 años.

El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la circunscripción judicial respectiva al lugar del hecho