Allende: el jueves definen si aceptan el juicio abreviado

La Justicia provincial resolvió que el 5 de agosto, a las 13, dará a conocer si homologa o no el juicio abreviado propiciado por quien fuera uno de los dirigentes con mayor influencia en la Legislatura entrerriana. En realidad, es la salida alternativa que acordaron los abogados defensores del exdiputado provincial, José Allende, junto a los representantes del Ministerio Público Fiscal.

La decisión fue anunciada este jueves por el juez de juicio Elvio Garzón, tras haber escuchado durante más de cinco horas los fundamentos de cada una de las partes. “Ya van 10 años y solo los que estamos en esto sabemos lo que padecemos en un proceso judicial. Estoy totalmente de acuerdo de que esto se haya firmado, tal cual se hizo”, expresó José Allende casi al final de la audiencia.

Concretamente, al exlegislador y actual secretario general de la Unión del Personal de la Nación (UPCN), se le siguen cuatro investigaciones penales: enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, coacciones y amenazas en contexto de violencia de género.

Como UNO había anticipado durante la semana, la querella particular en representación de una de las víctimas, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, se opuso a que el conflicto penal se resuelva mediante un juicio abreviado. En su testimonio expuso las reiteradas amenazas que recibió por parte del líder de UPCN.

De igual manera se pronunció el representante legal del periodista Martín Carboni, que en su momento había denunciado a Allende por amenazas.

Qué le imputan a Allende

La audiencia se inauguró con la exposición de los fiscales que tienen a su cargo los diferentes legajos que forman parte del acuerdo de abreviado. A José Allende se lo investigó en el período comprendido entre 1999 y 2016, por el supuesto delito de Enriquecimiento Ilícito, a partir de la adquisición de bienes inmuebles, automotores, embarcaciones, inversiones a plazo fijo y participación en sociedades, expuso la fiscal Laura Cattáneo, quien dirigió dicha pesquisa.

La funcionaria sostuvo que esas operaciones se realizaron “por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión, en un monto de 4.983.146,14 pesos y que transformado a dólares asciende a un 1.069.841,19.

Otro delito que se le endilga al sindicalista es el de Negociaciones Incompatibles con la Función Pública, por el otorgamiento de subsidios no reintegrables cuando el dirigente se desempeñaba en la Cámara de Diputados, en favor de la Fundación Esperanza. Según consta en la causa la entidad recibió una ayuda por una suma de 1.358.617, 98 pesos, desde enero de 2008 a diciembre de 2011.

Cattaneo, en otro tramo de su intervención, sostuvo que tanto la prueba colectada como la pericia contable demostraron que Allende incrementó en forma no justificada su patrimonio. “Allende incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando interpósitas personas sus familiares Adriana Sattler, Diana Traverso, Julio Allende, Carolina Allende y Victoria Allende como así también a la Personería Jurídica de UPCN para la adquisición de inmuebles, automotores, embarcaciones, inversiones a plazo fijo y sociedades por montos que no se justificaron son su ahorro disponible”, expresó la representante del MPF.

La acusadora oficial hizo alusión a que se corroboró que los hijos de Allende y su pareja se vincularon laboralmente con la Cámara de Diputados durante la extensa estadía del dirigente sindical en la Cámara de la que supo ser presidente.

El abreviado que se pactó

El acuerdo de juicio abreviado es la salida que pretende Allende para saldar sus causas en la Justicia. El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez que la condena sea de 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de 3.000.000 de pesos y un decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1.105.211 dólares.

Además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, Allende deberá fijar un domicilio y tiene en sus espaldas la prohibición de realizar cualquier tipo de acto violento o molesto a las víctimas, la obligación de realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y libertad de expresón dispuesta por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) y la prohibición de cualquier acto violento que significase un delito.

El abreviado que no fue

En octubre de 2020, el pope sindical había intentado cerrar un acuerdo judicial del mismo tenor. Pero como respuesta sufrió un duro revés: un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado. La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal. El 30 de diciembre ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio.