Tres muertos y 14 años de impunidad

José Amado
De la Redacción de UNO
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Las tres víctimas fatales de la represión policial del 20 de diciembre de 2001 en Paraná siguen sin justicia. A 14 años de la muerte de Eloisa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez, solo hubo un cabo (Silvio Martínez) condenado por el asesinato de la chica del barrio Macarone, pero en ninguno de los casos hubo un responsable político de la represión tan siquiera mencionado en un expediente judicial. El entonces gobernador Sergio Montiel murió impune; quien era jefe político de la Policía, el exministro de Gobierno Enrique Carbó, camina por la ciudad como un vecino más y nunca rindió cuentas de la orden que recibieron sus subordinados de ir a dispararles a los que pedían comida; lo mismo sucedió con el jefe de la fuerza provincial, Victoriano Ojeda. Jueces ni fiscales tampoco se lo preguntaron.
En el país hubo 36 muertos por la represión a las manifestaciones que terminaron con el gobierno de la Alianza, en un contexto de hambre generalizado. Recién el viernes fueron los alegatos del juicio por cinco asesinatos y más de 100 heridos en la Ciudad de Buenos Aires. La Fiscalía pidió penas de prisión a los 17 acusados. Salvo algunos exfuncionarios de última línea, casi todos son policías que abrieron fuego en las calles.
Las causas de Iturain y Rodríguez esperan en el archivo, nadie revisa de vez en cuando las hojas amarillas de los expedientes y en Tribunales se da por hecho que no se sabrá nunca quiénes son los asesinos. Dos muertos a manos de la Policía y a nadie se le mueve un pelo.
Durante estos 14 años, más allá de los reclamos de las organizaciones sociales y gremiales, la impunidad y el olvido fueron una cuestión de Estado. Las promesas a los familiares de las víctimas del exgobernador Jorge Busti y el exsecretario de Justicia José Carlos Halle de esclarecimiento de los hechos, fueron una mentira. En las gestiones siguientes de Sergio Urribarri se mantuvo el pacto de silencio. Los tres poderes del Estado buscaron ocultar y no llegar a la verdad. 
Ni el paso del tiempo ni el olvido son excusas para que las autoridades sean cómplices de la impunidad. Se trata de delitos de lesa humanidad: personal policial, uniformes, armas y balas puestos por el Estado para matar a ciudadanos, y en democracia. Como lo demuestran los juicios contra los represores de la dictadura, nunca será tarde para lograr Memoria, Verdad y Justicia.