¿Para cuándo la citación a Ilarraz?

Marcelo Comas / De la Redacción de UNO
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Los expupilos que contaron los abusos sexuales que padecieron en el Seminario de Paraná, entre 1984 y 1992, provocaron un verdadero escándalo en el seno de la Iglesia. Ante un quincenario de Paraná revelaron el perverso comportamiento del cura Justo José Ilarraz: utilizando un plan sistemático seleccionaba a sus estudiantes preferidos para someterlos sexualmente, empleando también un método de premios y castigos para aquellos a quienes se les ocurriera hablar del tema. La mayoría de esos jóvenes, cuya edad no superaba los 12 años, llegaban para iniciar su formación sacerdotal desde varias localidades de Paraná campaña. Son seis víctimas las que se animaron a hablar, escupiendo sus propios fantasmas, temores, de ese infierno que vivieron en la casa del Señor. Según los propios denunciantes, los abusos de Ilarraz se habrían replicado en forma sistemática durante todos esos años, alcanzando a por lo menos medio centenar de menores.

En la actualidad la causa se reactivó por la decisión de la Cámara de Casación Penal de rechazar el pedido de prescripción interpuesto por la defensa. Esa medida dilatoria no solo que empantanó la posibilidad de investigar, sino que benefició al único imputado de la causa: recluido en la clandestinidad en San Miguel de Tucumán, Ilarraz se mantiene al tanto de todo lo que sucede por sus abogados, convencido de que todavía puede eludir el peso de la Justicia. Y en este punto se impone una serie de reflexiones. La primera, de carácter fundamental, es saber cuándo se producirá la convocatoria para la indagatoria del imputado. En la causa que se caratula  Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción agravada confluyen los primeros testimonios de víctimas que comprometen al cura, la de sacerdotes que conocieron al exprefecto del Seminario Menor y le adjudican conductas “extrañas”, y también los dichos de los prelados que se vieron rozados por el que sería el caso de pedofilia más grave en la órbita de la Iglesia sudamericana. 

Previamente a la instrucción judicial se produjo una investigación diocesana promovida por la curia local. Se sustanciaron actuaciones previstas por el Derecho Canónico, que concluyeron con una leve sanción: Ilarraz fue apartado de su función como sacerdote, mientras se decidía su futuro en los tribunales ordinarios.

Resuelto el debate sobre la prescripción, ya no debería haber más excusas ni chicanas para citar a un cura que ya ha gozado de demasiados privilegios. Las últimas medidas dispuestas por la jueza que entiende en la causa, Paola Firpo, no cumplieron con las expectativas esperadas. Basta decir que en sus testimonios varios de los curas que tuvieron alguna vinculación con Ilarraz, ratificaron datos que ya eran conocidos. Quizás lo más significativo esté dado en que sus aseveraciones complicaron al religioso admitiendo que tenía conductas impropias por su condición y jerarquía dentro del Seminario Arquidiocesano. En ese marco, sería saludable que la magistrada autorice tanto a defensores, querellantes, como al fiscal interviniente, a leer las declaraciones escritas de Estanislao Esteban Karlic, Juan Alberto Puiggari y Cecilio Paul. Con el argumento de que esa información podría trascender periodísticamente, Firpo restringe una información clave para la elaboración de la estrategia de cada una de las partes. Otra decisión suya realmente cuestionable fue la de avanzar en la unificación de las querellas. Allí dividió las aguas entre los representantes de las víctimas, y claro está, entre las propias víctimas que no quieren renunciar a su letrado particular. Esta cuestión se resolverá esta semana entre los tres querellantes (Rosario Romero, Marcos Rodríguez Allende y Milton Urrutia), pero es casi un hecho que la actual diputada provincial se constituirá como única querellante en representación de las seis víctimas que se animaron a hablar de las aberraciones que padecieron bajo la tutela de Ilarraz. Si se conforma una sola querella, ¿por qué el acusado mantiene sus dos abogados?

Este caso, tan solo comparable por su magnitud y gravedad con el del sacerdote mexicano Marcial Maciel (acusado formalmente en 1997 de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación católica Legión de Cristo y que murió impune a los 87 años) avanza lentamente hacia un juicio terrenal para un hombre que todavía se las ingenia para escabullirse de la ley.