El juicio al exdirector de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Santiago Gaitán; al abogado del ente, Emilio Torrealday; y al empresario Osvaldo Issel por el delito de Negociaciones incompatibles fue "muy técnico y jurídico".
Pidieron condena para el concejal Gaitán, el abogado y el empresario
Hoy a la tarde se realizaron los alegatos en la causa por Negocios Incompatibles. La fiscal reclamó penas para los tres procesados por entender que se acreditó el delito investigado.
13 de junio 2017 · 20:19hs
Foto UNO/ Juan Manuel Hernández
Hoy a la noche culminaron los alegatos y la fiscal Carolina Castagno reclamó condenas para los tres.
En su fundamento la fiscal de Cámara, entendió que Gaitán debía ser condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional, por entender que fue responsable del delito de Negocios Incompatibles. Del mismo modo, exigió la perpetuidad para ocupar cargos públicos al actual concejal de Cambiemos en Paraná.
Por otra parte consideró que Torrealday e Issel fueron responsables del delito de Defraudación, por lo que pidió al tribunal la pena de tres años de prisión, también condicional y la sanción para ocupar cargos públicos. Además, a los tres reclamó el pago de 60.000 pesos en concepto de multa.
Con posterioridad, los abogados defensores reclamaron la absolución, y tras cuestionar los alegatos de la fiscal hicieron notar que no quedó acreditada con certeza y pruebas concretas todas las acusaciones.
El tribunal integrado por Elvio Garzón, José María Chemez y Ricardo Bonazzola, pasó a deliberar y emitirá el fallo el lunes próximo a las 9.
Tal como informó UNO, la causa se inició por la denuncia impulsada por la Fiscalía de Estado de la provincia y da cuenta de un acuerdo lesivo suscripto por los procesados. Al concejal Gaitán y al abogado Torrealday se les imputa -cuando el edil era titular de Vialidad provincial y el abogado era apoderado legal de la repartición provincial-, haber suscripto en noviembre de 2006 un convenio de pago con la empresa Neriki SA -de la que Issel era apoderado general- en beneficio del empresario, por un monto de 1.199.662 pesos, pese a que no correspondía realizarlo.
"Para la suscripción de los referidos convenios se adujo falsamente que Neriki SA, era cesionaria de la firma Induvial SA y que en consecuencia resultaba acreedora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)", en una causa en la que la segunda empresa le inició a la DPV y que se llevó adelante en el fuero Contencioso Administrativo.
Oportunamente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) admitió en parte el reclamo de Induvial ante la supuesta liquidación defectuosa de un monto a cobrar, pero rechazó otros aspectos de la misma demanda.
También Issel está acusado de haber actuado en connivencia previa con el apoderado legal Torrealday, al promover el citado juicio, pese a saber que no le correspondía el carácter de acreedor de la DPV, por ser falso el convenio de pago de noviembre de 2006.