Tranqueras abiertas

En silencio, casi ignorado por una agenda pública mediática entretenida exclusivamente con la novela de la corrupción K, sin discusión y de un verdadero "plumazo", Mauricio Macri modificó por Decreto Nº 820/2016 la Ley Nº 26.737 de Tierras, aprobada por el Congreso Nacional en 2011.

La normativa, que instituyó un régimen para evitar la extranjerización de las tierras y de los recursos naturales finitos –como el agua– de nuestro generoso país, había sido el saldo de años de planteos desde distintos sectores políticos y sociales. Elisa Carrió –hoy una de las columnas vertebrales de la Alianza de gobierno– estuvo entre sus más fervientes impulsoras. Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda, fue uno de los legisladores que votó a favor de la ley; entre los que no la votaron –se fueron del recinto a la hora de levantar o no la mano–, estaban la vicepresidenta Gabriela Michetti y el titular de la cartera de Trabajo de la Nación Jorge Triaca.

"Vienen por el agua" era la denuncia que empezó a correr desde los primeros años del siglo XXI, para alertar acerca del riesgo de que el Estado no se involucre en salvaguardar la soberanía nacional, a través del cuidado de sus recursos estratégicos.

La Patagonia había sido uno de los lugares donde hasta antes de la ley, se habían concentrado las mayores compras de extranjeros. Tierras con cursos naturales de agua, y hasta lagos y lagunas, habían quedado bajo las manos de compradores yanquis, rusos, chinos, hasta saudíes.

Pero la ley no solo fue una medida pensada para el paraíso natural que es nuestro rincón más austral. También llevó alivio a los sectores rurales de las principales áreas agrícolas del país, como la Región Centro. En las últimas semanas,con escasa repercusión, productores enrolados en Federación Agraria Argentina advirtieron los riesgos de la medida de Macri: "Quieren poner un cartel de remate a nuestras tierras, con los productores adentro", fue una de las frases del documento. Hubo rechazos y presentaciones de movimientos campesinos y de indígenas. Y fue en las provincias del sur argentino donde en los últimos días más avanzaron recursos de amparo contra el decreto del Presidente, dispuesto antes del Bicentenario de la Patria, casi como una resolución precolonialista.

No es necesario ahondar sobre la necesidad de preservar la propiedad nacional, en tierras de reconocido valor mundial por la riqueza de su subsuelo, como el Chaco Paranaense y nuestro Acuífero Guaraní.

Durante el tiempo de vigencia de la Ley, desde 2011, la inversión extranjera no se prohibió: hubo compras pero bajo las condiciones de porcentuales impuestas por el Congreso Nacional, que impedían la concentración o la lisa y llana extranjerización. La decisión de Macri, amparada para beneficiar la inversión, no traerá capitales que generen mano de obra: serán solo fondos especulativos interesados en apropiarse de los recursos naturales. Tan grave resulta la realidad, como difícil de digerir su ocultamiento.

"Estoy hablando de una fase, que es la última que puede venir. Vinieron por las industrias en los 70, para la desindustrialización; vinieron por las empresas del Estado en los 90. Ahora vienen por la tierra", repetía Lilita Carrió, hace varios años atrás, en declaraciones que se pueden encontrar en Youtube. "Tenemos que tener toda una política, porque no vaya a ser que no nos demos cuenta, o como nos sucedió siempre, ya sea tarde", remató.

Sobran los ejemplos de amnesia colectiva argentina, que precipitan con posterioridad en frases como "Yo no sabía lo que estaba pasando", para lamentar tragedias nacionales.