El empleo se impone en la agenda política

Entre la Bolsa y la vida, un brusco salto de pantalla. El gobierno no terminó de festejar el curioso éxito que percibe en tomar miles de millones de dólares de deuda para pagar a los fondos buitres, cuando una nueva alianza parlamentaria, que incluye a muchos que hace pocos días lo acompañaron en la aventura del reendeudamiento, avanzaron con el proyecto de ley para frenar los despidos.
Con la vertiginosa dinámica política, social y económica que caracteriza a la Argentina, la preocupación por el empleo se afincó en la agenda pública y desplazó a los relatos de la vuelta al mundo en Wall Street.
Como vaticinó el ministro de Hacienda en su momento, el zapato de la desocupación comenzó a apretar, aunque con consecuencias que quizás no son las que había imaginado.
Con toda su ambigüedad a cuestas, las centrales sindicales concentraron en la batalla contra la masacre laboral su estrategia política y abrevaron a un cambio en el mapa parlamentario.
Sobre un escenario que polariza entre el macrismo y la oposición más dura del kirchnerismo y la izquierda, la ancha avenida del medio que apoyó el acuerdo de los fondos buitres se ladeó hacia el lado de los que defienden la mejor herencia del modelo de la posconvertibilidad: la valorización del empleo.
La presión sobre los puestos de trabajo emparenta las vísperas de la conmemoración del 1º de mayo con aquellas jornadas de 2009, en las que la defensa de ese bien económico unificaron a los más diversos sectores políticos.
Funcionó en aquel entonces una ley provincial que obstaculizaba los despidos, aunque el modelo de las actuales iniciativas fue la doble indemnización que funcionó en 2002. Eran épocas en las que una pesada herencia de verdad alimentaba decisiones políticas impensadas poco tiempo antes.
Es curioso, porque gran parte del programa económico de Macri se basa en recrear las condiciones de “competitividad” de aquella época. Por eso su primera medida fue realizar la segunda megadevaluación más grande del siglo. Una forma de crear su propia crisis, toda vez que el gobierno anterior resistió los embates orientados a cargarle el costo del ajuste.
Lo cierto es que ese retorno al “paraíso perdido” de cierto sector de la burguesía argentina parece incluir solo las políticas destinadas a mejorar las condiciones de expansión del capital. No las que permitieron amortiguar la crisis social. La norma que rechazó el oficialismo, en definitiva, actualiza los montos indemnizatorios para compensar la caída brutal que tuvo el precio del trabajo. No hace más que evitar un mayor abaratamiento de los despidos.
El presidente eligió escenificar su oposición al proyecto durante la reapertura de la avícola Cresta Roja, una fábrica emblemática por la lucha de sus trabajadores para sostenerla. Esa lucha incluyó la balacera de Gendarmería, que marcó el debut del nuevo gobierno en la represión de la protesta social y mostró, quizás, el verdadero rostro de la consigna pobreza cero.
Mientras el presidente apuesta a la llegada de los morlacos que ahora le permite salir a buscar su admirador Paul Singer, la crisis económica y social que supo fabricar comienza a formatear la agenda política. El efecto de los tarifazos, los despidos y la transferencia de ingresos que empujó al pozo al mercado interno no logró hacer sentir todavía el factor recesivo sobre la inflación (San Luis informó 3% en marzo) y consumió buena parte del crédito oficialista.
El índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella se desplomó este mes.
La naturaleza golpeó este mes de un modo terrible, para agravar la crisis social. El sujeto económico y político más involucrado en el proyecto oficialista, “el campo”, sufrió un temporal devastador que redujo en más de 3 millones de toneladas la cosecha de soja y hundió a la cuenca lechera, entre otros perjuicios que elevan los costos del fenómeno más allá de los 2.500 millones de dólares.
Las consecuencias que tendrá el meteoro en el futuro de la actividad económica en los territorios son todavía difíciles de calcular en toda su dimensión. Pero serán graves y conspirarán contra la posibilidad de que el crecimiento de la actividad de los agronegocios neutralice la recesión que afecta en esos mismos espacios geográficos a los sectores que se sostuvieron en los últimos años con el mercado interno. Amén de la presión inflacionaria que habrá sobre los alimentos.
Los gobiernos locales son puestos a prueba en este escenario de superposición de crisis. También la política económica nacional, hoy orientada casi exclusivamente a conectar a los enclaves locales de riqueza natural con el circuito financiero internacional. Interior y conurbano bajo tensión social y económica arman un combo que debería ayudar al gobierno nacional a recalcular su doxa. Por lo pronto, ya anunció un refuerzo de Precios Cuidados y descomprimió el conflicto con el sector bancario, con la reincorporación de cesanteados del Banco Central.