Viernes 04 de Mayo de 2018

Se trasladaron desde los tribunales hasta Buenos Aires 2.300 armas que serán destruidas

El operativo se realizó esta madrugada desde el Palacio de Justicia de Paraná, para lo cual hubo un fuerte dispositivo de las fuerzas de seguridad de la provincia y federal y de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Esta madrugada se produjo el traslado desde los tribunales de Paraná hasta Buenos Aires de 2.307 armas de fuego secuestradas en el marco de causas judiciales en distintas ciudades de la provincia y cuyo destino final será su destrucción. El operativo estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (A.N.Ma.C.) y la Policía Federal, con la colaboración del Ejército Argentino y la Policía de Entre Ríos.

Previamente se realizó un minucioso control de todo el material trasladado, que se registró en una base de datos nacional. Las labores se enmarcan en el Plan de Modernización del área de efectos secuestrados encarado por el Superior Tribunal de Justicia, y el convenio del máximo tribunal con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

A primera hora de este viernes, se llevó a cabo la carga controlada y transporte de las armas judicializadas, que serán destruidas en un alto horno emplazado en la Provincia de Buenos Aires.


El traslado se enmarca en el convenio firmado en 2015 entre el STJ y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para agilizar el intercambio de información y sistematizar la entrega de armas para su destrucción mediante un proceso transparente e imparcial.


El A.N.Ma.C., organismo dependiente de ese ministerio, tiene el manejo exclusivo y excluyente los denominados materiales controlados en el todo el territorio nacional, por disposición de la Ley Nacional Nº 27.192. En el Acuerdo General Nº 21/17 el STJ resolvió implementar un protocolo de destrucción donde se incluyan controles cruzados, en base a lo cual se coordinó con la Agencia Nacional el retiro de las armas de fuego con rigurosos controles de individualización.


Como labor previa al transporte, personal del área de Efectos Secuestrados recibió las armas procedentes de las distintas jurisdicciones de la provincia, en el marco de un Plan de Saneamiento de los depósitos encarado por el STJ que incluyó una importante obra pública proyectada por el área de Planeamiento, y realizada con recursos propios del Poder Judicial, adquisición de tecnología en seguridad y un software de gestión de los elementos secuestrados.

Posteriormente, personal de A.N.Ma.C. trabajó durante una semana en los depósitos de Paraná con el personal de Efectos Secuestrados del Poder Judicial. Juntos realizaron el control de cada arma, mediante la revisión del número y características de cada objeto, y la carga de esos datos en una base centralizada del organismo nacional. Revólveres, pistolas y armas largas fueron rotuladas y ordenadas de acuerdo a los oficios judiciales que ordenan su destrucción.

A primera hora de esta mañana se realizó la carga de las bolsas en un camión del Ejército Argentino, con la correspondiente firma de las actas de entrega y recepción del material, y luego las actas de traslado, y con un operativo de seguridad a cargo del titular del departamento logístico de A.N.Ma.C. que fue íntegramente filmado, y contó con la custodia de grupos especiales de la Policía Federal, con la colaboración de la Policía de Entre Ríos.


Metodología de destrucción

El material tiene por destino depósitos de la Agencia Nacional, donde antes de la destrucción se realizará un chequeo con las bases de datos de los organismos judiciales federal y de las provincias argentinas, para descartar que alguna de las armas trasladadas sea requerida como prueba en alguna causa en trámite.

Constatada la posibilidad de destrucción, se inicia el proceso que incluye la trituración de los elementos, la separación de la madera, plástico y metal, y finalmente la fundición de este último en un alto horno de una planta siderúrgica de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, para la fabricación de acero. Las ganancias obtenidas de la comercialización del metal son donadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a la Fundación Garrahan.

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