Rosario aprobó una norma para testear pastillas en las fiestas electrónicas

"Reducción de daños". Esa definición se puso sobre la mesa en la última sesión del Concejo Municipal de Rosario, la semana pasada, cuando al calor de la tragedia en la Time Warp de Costa Salguero se aprobó por unanimidad una ordenanza que abre paso a la polémica en torno al abordaje del consumo de drogas sintéticas en las fiestas electrónicas.
Uno de los puntos de la normativa prevé el análisis de las drogas para confirmar que las pastillas ilegales no provoquen riesgos mayores para la salud de quienes las consuman. Fue la salida que encontraron para abordar el tema tras la muerte de cinco jóvenes que consumieron las píldoras conocidas como Superman en el festival electrónico de hace nueve días en la Capital.
Cuando se aprobó la ordenanza -impulsada por la presidenta del cuerpo, Daniela León- se hizo hincapié en que este modelo de "reducción de daños" es aplicado en otros países, como España, Francia y Colombia.
Aunque, quedó flotando en el aire una discusión más profunda: más allá de la reducción de riesgos, hasta dónde puede intervenir el Estado en un tema en el que no sólo hay consumo de sustancias prohibidas e ilícitas, sino también venta y comercialización de estupefacientes.
Mónica Liborio, directora de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) de Santa Fe, dijo  que la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Rosario "es una opción para reducir daños, pero de ninguna manera se puede pensar que brinda o aporta una solución" al problema.
"Creo que no se puede reglamentar lo que es irreglamentable", apuntó la funcionaria, que se hizo cargo del área a fines de marzo pasado.
"Debemos buscar otras respuestas y no quedarnos en los versus y los contras. La discusión debe ser más amplia y no buscar reacciones apresuradas. Desde el Estado les tenemos que dar herramientas a nuestros jóvenes para que le digan no al consumo de estupefacientes. Por eso empezamos a trabajar en el sistema educativo con un programa que empieza desde el jardín de tres años", analizó Liborio.
La concejal León expresó, en un comunicado, que "la cuestión es tener un plan alternativo para cuando la prevención del consumo de drogas fracasa, de manera que se definió un plan de acción dirigido a que los especialistas intervengan en los aspectos operativos".
"Lo que le encomendamos a la intendencia es que se actúe de manera conjunta en la definición de las estrategias de reducción de daños, en la capacitación del personal que estará en el terreno cuando haya este tipo de fiestas y en el relevamiento de las drogas que se estén consumiendo en los eventos. Ya vimos lo que ocurrió en Buenos Aires por falta de preparación ante la crisis", sostuvo la concejala radical.
En la ordenanza aprobada se solicita a la intendenta Mónica Fein que firme un convenio con el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (Ceads), que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario. Esta entidad tiene una extensa experiencia en programas de reducción de daños y desde hace tiempo ha ofrecido información sobre el uso de éxtasis y el testeo de pastillas. León explicó que "en Rosario este tipo de fiestas se realizan con bastante frecuencia y esta proliferación en Buenos Aires de las drogas que ocasionaron las muertes nos puso en alerta".
Jorge Boasso, concejal de la UCR, aliado a Unión Pro, sostuvo que "la decisión del Concejo Municipal de Rosario fue "apresurada" y reconoció que "no hubo un debate serio y profundo" sobre el tema".
"El Estado no puede perder de vista que lo que mata a los jóvenes es la droga, no sólo la que está adulterada, sino todas las sustancias que hacen daño y son la causa de las adicciones", advirtió el edil, que no participó de la votación.
Boasso destacó: "Las sustancias ilegales que se venden en esas fiestas surgen de un acto ilícito. El Estado no puede ir a controlar la calidad de la droga. Es lo mismo que vayamos a testear la calidad de la cocaína que se vende en los 100 búnkeres que hay en Rosario".