En alerta, desfinanciadas, a la espera de pagos pendientes, con alumnos sin transporte y serios riesgos para la viabilidad de las instituciones, personas con discapacidad, familiares y representantes de esas organizaciones se movilizaron ayer en Buenos Aires y marcharon hasta la quinta de Olivos para expresar el rechazo al ajuste en discapacidad que viene instrumentando y profundizando el gobierno nacional desde 2018.
Retrasos en pagos y falta de transporte agravan la situación de entidades y de personas con discapacidad
Hay deudas de 2017 y 2018 y este año se dispuso una readecuación de aranceles de solo el 13%. Los recortes afectan derechos de la Ley nacional Nº 24.901
16 de mayo 2019 · 22:41hs
El Programa Federal Incluir Salud, del que dependen los distintos tratamientos y atenciones, adeuda a algunas instituciones pagos correspondientes a 2017 y 2018, y en general todo el año vigente. A ello se sumó que luego de más de un año sin actualización, el Gobierno decidió un incremento del 13% de los aranceles de las prestaciones a partir de mayo, que agravan aún más el desfase en relación a los gastos y costos operativos.
Además, Incluir Salud transfirió a partir del 1º de enero a las provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las personas con discapacidad a los diversos servicios, sin tiempo de preparación de los organismos provinciales y sin tomar los correspondientes recaudos desde el Estado nacional, denunciaron. Ello llevó a la quita de servicios para muchas personas con discapacidad, que quedaron sin atención en educación, rehabilitación o asistencia.
La titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana) Cristina Ripari, indicó que todas las instituciones del país marcharon contra la actual situación de ajuste.
Consideró que estos recortes y medidas han impactado sensiblemente en el sector, en la provincia, donde hay unas 19 entidades, que brindan diferentes prestaciones a unos 520 beneficiarios. Por un lado, mencionó que la semana pasada, junto con la Asociación Cooperadora de la escuela San Francisco de Asís y la obra Don Uva de la Hermanas de la Divina Providencia, debieron viajar a Buenos Aires para gestionar los desembolsos adeudados.
"En el caso de Apana, se nos adeuda desde septiembre; San Francisco había recibido noviembre y diciembre y Don Uva, algo de enero. Por lo tanto fuimos a mover los expedientes y pedir que nos liquiden y nos hagan las transferencias. Hasta ahora no tuvimos novedades", informó Ripari. La deuda con Apana supera los siete meses; a ello se le deben agregar los aranceles pendientes de 2017. "Eso no lo han pagado, y tampoco le están dando la prioridad", acotó.
En el caso del transporte de las personas con discapacidad a las instituciones, la Nación decidió su provincialización, que ha sido dificultosa en todo el país. "La Provincia se tuvo que hacer cargo –dijo Ripari–.Tuvimos que hacer un nuevo convenio, nos pidieron una serie de requisitos, ya presentamos toda la documentación y tiene que salir una resolución, que es la que nos va a permitir facturar. Estamos esperando".
En el caso de Apana, la institución se hace cargo del transporte. "Somos prestadores del servicio y no dejamos de trasladar, pero hay otras transportistas que no lo hacen más porque no pueden sostener los gastos", ya que además de la deuda del gobierno nacional del año pasado aún no se instrumentó el convenio en la Provincia.
Ese traspaso afectó el transporte de la mayoría de la veintena de instituciones que trabajan en el sector. "El transporte tiene costos elevados, estamos hablando de que para una familia, según donde resida, no es inferior a 2.000 o 3.000 pesos mensuales. En nuestro caso, solo de combustibles tenemos 320.000 pesos mensuales, sin choferes, seguros ni mantenimiento. San Francisco es una institución que tiene que pagar el transporte y subcontratarlo, lo que le provoca un gasto difícil de sobrellevar", dijo.
En el caso del transporte, confió que el gobierno provincial tiene toda la voluntad, se hizo cargo, pero lleva su tiempo la autorización y cumplimentar todos los requisitos.
La situación es aún más grave que en 2018, cuando irrumpió el problema de los recortes y retrasos de pagos. "Las tres instituciones que fuimos a Buenos Aires estamos en riesgos de corte de pagos del personal. Hay un derecho que el Estado nacional no está cumpliendo; eso nos genera a nosotros mucho malestar y problemas dentro de las instituciones, sobre todo en Apana, que somos una ONG sin la cobertura ni ayuda de organismo social, ni de la Provincia ni Municipalidad. Si las obras sociales no pagan, no podemos pagar al personal", referenció.
Importante movilización en Buenos Aires
Entre 7.000 y 10.000 personas se movilizaron ayer hasta la quinta de Olivos para advertir sobre la difícil situación que atraviesa un sector vulnerable de la población.
El programa estatal Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, atiende unas 30.000 personas con discapacidad en distintos servicios de educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos y transporte a dichos servicios.
Ayer, durante el tiempo que estuvieron los manifestantes en la puerta de la casa presidencial, no fueron recibidos por ningún funcionario y tampoco les recibieron la nota que fueron a presentar, excusándose en que en ese sitio no se recibe documentación, según trascendió ayer.
