Registran demoras en la entrega de tobilleras electrónicas por la creciente demanda

En los dos años y medio de funcionamiento, el sistema de monitoreo electrónico de personas detenidas con prisión domiciliaria en Entre Ríos ha demostrado que sirve y funciona. Aunque siempre más sería mejor, la implementación y el funcionamiento de las tobilleras electrónicas permitió viabilizar la medida del arresto domiciliario para aquellos casos donde los imputados o condenados podían acceder al beneficio pero era necesario asegurar de otra forma que no se escaparan. En los últimos meses no se detectaron casos de evasión ni roturas intencionales. Sí se han escuchado quejas de abogados defensores por la demora en la disponibilidad de tobilleras que, en algunos casos, implicó prolongar el encarcelamiento de imputados. Esta situación, según se explicó a UNO, sucede por el tiempo que lleva el proceso de verificación e instalación de un dispositivo en una vivienda, más aún en las condiciones de emergencia sanitaria donde se extreman los cuidados para no propagar el virus.

Según informaron fuentes judiciales a UNO, hace un par de semanas desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos se envió un oficio a la Oficina de Gestión de Audiencias y por su intermedio a los juzgados de Garantías de Paraná, donde se explicaba que estaba cubierto el cupo de un centenar de tobilleras ante una creciente demanda por parte de la Justicia en la disposición de esa medida cautelar en diferentes causas. A su vez, en algunas audiencias realizadas en estos días, algunos abogados defensores expresaron malestar porque no les dieron el beneficio de la prisión domiciliaria a imputados ante el argumento de la no disponibilidad de tobilleras. En estos casos, las quejas se orientan hacia decisiones judiciales que ordenan que el acusado espere en la cárcel su dispositivo, en vez de hacerlo bajo arresto en su casa, como sucede en otros casos.

Registran demoras en la entrega de tobilleras electrónicas por la creciente demanda

El jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del SPER, Carlos Salomón, explicó a UNO que diariamente llegan a su área numerosos pedidos de tobilleras de juzgados de toda la provincia, y que la implementación de cada dispositivo lleva su tiempo: deben verificar el domicilio (en caso de ser en otra ciudad, hay que viajar desde Paraná), hacer un análisis de factibilidad y efectuar las instalaciones. A su vez, “no es lo mismo tener un imputado con 30 días de preventiva que un penado de dos años”, dijo Salomón. Sin ir más lejos, el cura condenado por abusos sexuales Justo Ilarraz, lleva más de dos años condenado, ocupando una tobillera en un departamento céntrico de Paraná. Además, el penitenciario aclaró que se puede completar el cupo de tobilleras, pero en unos días puede haber disponibles unas 10, según la variación del vencimiento de las medidas cautelares.

También hay que tener en cuenta que puede haber tobilleras que presenten alguna falla o deban cambiarle las baterías, por lo cual se envían a Buenos Aires donde está la empresa proveedora del servicio (Ver recuadro) para la reparación, trámite que también lleva unos días.

El equipo que trabaja en esta tarea (de lunes a lunes, todo el año) hace cuatro o cinco instalaciones por día, y para ello extreman las medidas de bioseguridad porque si uno de los penitenciarios se contagia de Covid-19, podría en el día llevar el virus y contagiar a esas cinco familias. Esto conlleva ir viendo de a poco cada medida y sectorizando los lugares donde viajar.

Por ello Salomón asegura que la situación planteada en las últimas semanas es por “cuestión de tiempo, no de disponibilidad. El juzgado cuando comunica y consulta se le dice los días que podemos tardar de acuerdo a todo lo agendado”.

“Tenemos disponibilidad, hay bastantes pedidos en la provincia, todas las ciudades tienen juzgados de Garantías, y con la prisión preventiva, para una domiciliaria, prefieren con dispositivo electrónico porque es efectivo, si hay un error es humano, no del dispositivo” aseguró.

Asimismo, Salomón indicó: “Últimamente no hemos tenido cortes de tobilleras, sí algunos involuntarios, sin problemas de evasión, y en los que hemos tenido algún problema lo hemos resuelto en seguida por operativo policial y se pidió inmediato traslado a la unidad penal (del imputado). Por eso la Justicia lo pide cada vez más, porque da resultado”.

Por otra parte, se informó a UNO que se está implementando bastante el sistema de tobilleras duales para casos de violencia de género. Se colocan en el agresor y en la víctima: el hombre no se puede acercar al lugar donde está la mujer a unas cinco cuadras. No obstante, se ha remarcado que en estos casos pesa sobre la mujer la urgencia para alertar cuando suena la alarma y no se evita el peligro.

En el caso de los presos que dependen de la Justicia Federal, el sistema de tobilleras electrónicas parece estar más rezagado, ya que hay menos y demoran mucho más en llegar cuando se le otorga el beneficio a un preso. El sistema depende de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que ante cada oficio judicial debe efectuar un informe técnico de viabilidad y otro de condiciones sociales y ambientales del interno.

Cabe remarcar que las personas detenidas por delitos federales (unos 600) en Entre Ríos están alojadas en la unidades penales de la provincia, y encima el convenio de financiamiento por parte de la Nación no se cumple tal lo pactado.

En algunos casos se han otorgado las prisiones domiciliarias con monitoreo electrónico a condenados y se implementan pese a no tener aún tobilleras disponibles. Por ejemplo, el caso de Miguel Celis (hermano del Tavi), condenado en la causa Narcoavioneta (con sentencia no firme), a quien hace casi dos meses le dieron el beneficio de seguir detenido en su vivienda, aún no tiene el dispositivo, por lo que el control de la medida queda prácticamente a voluntad del preso.

Muy distinto es el caso de la prisión domiciliaria sin tobillera, que últimamente en Paraná ha demostrado varios fracasos. El control de estas medidas judiciales ha sido deficiente, ya que en muchas ocasiones la Policía encuentra a personas que deben estar en su vivienda cumpliendo el arresto, en otro lado, incluso delinquiendo. El caso más llamativo fue el de un hombre acusado de homicidio que tenía la domiciliaria, y lo mataron a balazos mientras jugaba un partido de fútbol en el barrio Mosconi.

Por todo esto, a esta altura el sistema de tobilleras ha probado su eficacia, distintos actores del ámbito penal consideran que se debe apostar a una mayor inversión en las mismas, ya que cumple una doble función: por un lado morigera las medidas cautelares de prisión preventiva en las abarrotadas unidades penales durante un proceso judicial en el que el acusado aún es considerado inocente; por otro, para las personas condenadas que se encuentran en una etapa avanzada de cumplimiento de sus penas ayuda al régimen progresivo de observancia y a la resocialización en sus domicilios bajo la tutela de un familiar.

La empresa proveedora, un monopolio del monitoreo

La empresa Surely SA es la que provee los dispositivos y la cobertura del servicio de tobilleras electrónicas prácticamente en todo el país, ya que la Nación hace las inversiones y entrega los aparatos a las provincias, como el caso de Entre Ríos. Se trata de una empresa monopólica en el rubro, tal como se ha observado en algunas licitaciones públicas donde ni siquiera tuvo competencia. Uno de sus accionistas es Mario Montoto, un exitoso empresario de insumos de seguridad, defensa y videovigilancia urbana. A su vez, es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, justamene el país con mayor desarrollo de la industria del espionaje, la vigilancia y ciberseguridad en el mundo. Montoto estuvo hace dos años en Paraná, para “trazar lazos de vinculación comercial e institucional” con el gobierno de la provincia. También se ha reunido en marzo de este año con el exgobernador Sergio Urribarri, actual embajador argentino en Israel.