Los contadores del municipio atacaron el informe de la Federal

En la 18ª jornada del megajuicio por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio que se sustancia en el Tribunal Oral Federal de Paraná este lunes no se habló de droga, sino de cuestiones administrativas inherentes a conocer si el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Varisco, desviaba fondos a través de distintos artilugios para financiar a la banda narco que supuestamente lidera Daniel Tavi Celis.

El peritaje de la División Lavados de Activos de la Policía Federal fue puesto en crisis por los contadores de la Municipalidad de Paraná. Ahora serán los jueces federales los que dirán si esas declaraciones pueden derrumbar el trabajo realizado por los contadores policiales. Ambas valoraciones están realizadas en base a documentación oficial, pero tienen distintas interpretaciones. En una se observarían maniobras para desviar fondos que podrían haber ido a la organización narco, y en la otra, la de los contadores municipales, se demuestra todo lo contrario.

Primero se aclaró que las conclusiones de la Federal corresponden a un informe, y no un estudio pormenorizado como se había dicho. Por ejemplo, no hay cotejos serios de precios como para determinar si hubo o no un sobreprecio en alguna contratación.

Segundo, quedó al descubierto el desconocimiento del funcionamiento administrativo del municipio de parte de los policías, por ejemplo con respecto a la adjudicación de pauta publicitaria.

Durante más de seis horas tres contadores municipales “atacaron” el trabajo de sus pares de la Federal. A tal punto que la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Lilia Carnero, afirmó: “Es increíble lo que está pasando en la audiencia”, en referencia a la cantidad de datos que contó el tesorero municipal, César Ferrari, quien junto al contador general Eduardo Campdesuñe y la subcontadora Viviana Guadalupe Politti trataron de demostrar que el informe de la Federal tiene errores. “Yo necesito explicaciones del material”, sostuvo más adelante Carnero.

Los tres profesionales aseguraron que no hay duplicidad en las órdenes de pago que se emitieron. Es más, los contadores sostienen que los federales “mezclaron todo”. Citan, por ejemplo, como una irregularidad que no hubo concurso de precios al otorgar una publicidad cuando ese no es el trámite. “Marcaron errores por confusión”, aseguró Politti.

Sobre la supuesta duplicidad de órdenes de pago explicaron que pueden coincidir, pero que existen tres dígitos ordenadores que se anteponen y que permiten conocer su origen y rastrearlas. Se trata del número 032 cuando su origen es la Contaduría y del 035 cuando es de Suministros, según se trate de compras por vía de excepción o por el sistema de licitación. Esto significa que pueden registrarse dos órdenes de pago con el número, pero serán diferenciadas en función de su punto inicial.

Ferrari trató de aclarar los señalamientos que hizo la Federal sobre el giro de la caja municipal: el supuesto cobro en efectivo por parte del tesorero general de un cheque de 149.000 pesos y el posterior depósito del dinero en efectivo en otra cuenta del municipio.

Según el contador, por un error de imputación en caja se habría tomado como depósito en efectivo y no como un cheque, como en realidad dice él que fue. Según Ferrari, esto motivó una sanción del personal de la entidad bancaria involucrado en la operación. Es más, aportó el nombre del cajero que cometió el supuesto error.

Desprolijidades

Un empleado municipal no puede ser proveedor del Estado, pero un contratado sí. De esa forma se aclara cómo la madre de Griselda Bordeira cobraba un contrato por tareas de limpieza que supuestamente realizada para el municipio y una publicidad por una página digital que tenía. Ayer quedó en claro que hay muchas desprolijidades en las áreas administrativas municipales.

“No son claras las cuentas”, dijo contador de la Federal

Jorge Notario, contador de la Policía Federal, explicó al tribunal en qué consistió su trabajo y qué detectaron al analizar la información que secuestraron. “No son claras las cuentas, tendrían que haber sido más claras y precisas. Era todo muy confuso”, aseguró Notario. El profesional sostuvo que detectaron que había personas que cobraban un extra por títulos (terciario - universitario) que no tenían; que había legajos del personal contratado estaban incompletos; faltaban firmas y fechas.

El federal indicó que no vieron el expediente de Tecnópolis y solo se informaron por recortes periodísticos. No obstante, la Policía hace una observación en su informe sobre el posible pago de sobreprecios en la contratación de los baños químicos.

Si bien aclaró que desconoce los montos que se pagan, Notario manifestó que le pareció excesivo el pago de 28 millones de pesos en publicidad que ejecutó la Municipalidad de Paraná entre los meses de septiembre de 2017 y mayo de 2018. De igual modo aclaró que no cotejaron precio para conocer si era poco o mucho dinero el abonado. Los fiscales defendieron el informe de la División Lavado. Es más, interrogaron a los testigos buscando vestigios en sus testimonios que le permitieran sostener la veracidad del trabajo.

Declaraciones

El debate continuará este martes desde las 12 con el testimonio de la procesada Griselda Bordeira. La exfuncionaria tendrá la posibilidad de defenderse ante el tribunal antes de los alegatos. El lunes declararán Daniel Tavi Celis y el concejal Pablo Hernández, además de Alan Viola. Si no hay inconvenientes, desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 se comenzarán a desarrollar los alegatos de las partes.

“No conozco a ‘Tavi’ Celis”, dijo Sergio Baldi

Sergio Marcelo Baldi viene diciendo desde que se inició la causa Narcoavioneta en 2017 que él no tiene nada que ver. El hombre que se encuentra preso desde 2014 cuando cayó en Santa Fe transportando marihuana dice que no hizo nada y que no conoce a ningún Tavi Celis. Negó ser quien habla por teléfono de narcotráfico con un tal Chavo. “No soy yo el que habla”, sentenció el hombre, a quien le costó recordar el nombre de sus hermanas y primas ante una pregunta de la Fiscalía.

Baldi es un mecánico de 46 años, del barrio San Agustín. Según el procesamiento, él junto a Marcos Velázquez) tuvieron un rol clave en la comunicación entre los dos líderes de la banda y en la organización del aterrizaje de la avioneta que voló desde Paraguay.

El hombre no habló mucho. Es más, dijo que solo conoce a Luis Céparo porque compartió pabellón. Su abogada Marta Böhm pidió la excarcelación.